La COB se desmoviliza; cívicos y Conade siguen

La decisión del presidente Evo Morales de pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la abrogación del Código del Sistema Penal no desactiva del todo el clima de tensión que vive el país. Ahora los sectores anuncian que seguirán con sus protestas en defensa del resultado del referendo del 21-F, donde el No a la repostulación ganó.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, dijo que con la anulación de la polémica norma no existe una razón para seguir con la movilización, además pidió que se disuelva el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. “Una vez abrogado el Código del Sistema Penal ya no tiene sentido el Conade, porque ese era el motivo por el cual nos unimos para luchar y no otro y ahora debe disolverse”, aseveró el dirigente. 

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, comprendió la postura de Mitma, a quien observó “presionado” por el Gobierno y sus organizaciones sociales y “cansado”. Sostuvo que son más de 50 entes los que conforman el Comité y recordó que desde el inicio, el respeto a la voluntad de la población fue otro de los ejes de la lucha.

“Las movilizaciones continuarán, desde el principio nuestra meta fue la defensa de la democracia”, manifestó la activista.

Un similar criterio esbozó el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, quien calificó la medida de Evo como “una señal importante”, pero no suspenden la marcha convocada por el Conade para el martes porque “se debe defender el sistema democrático, que sigue en riesgo”.

El presidente de los Comités Cívicos de Bolivia, Juan Flores, sostuvo que Morales ahora debe anunciar su renuncia a la repostulación y comprometerse ante instancias internacionales a acatar los resultados del 21-F.

“Debe firmar un compromiso en el que diga que no será candidato y que respeta la voluntad popular”, explicó vía telefónica.

Para hoy y mañana el dirigente anticipó movilizaciones y ratificó la plena vigencia de la huelga general, mientras que desde el Gobierno se observa que al continuar con las protestas queda en evidencia que el código solo fue un “pretexto para conspirar” contra el jefe de Estado.