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El excontralor Gabriel Herbas concluyó su interinato por más de siete años y medio (uno y medio más de lo que establece la Constitución para un titular), y su trabajo es cuestionado por la oposición, porque encontró irregularidades solo en funcionarios medios del Gobierno, mientras que fue implacable con autoridades opositoras.

El presidente Evo Morales exigió la investigación, por ejemplo, del caso Fondo Indígena, y la Contraloría no sugirió sanciones contra altas autoridades ejecutivas, como a la ex ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, mientras que en otros casos sí recomendó juicios penales contra líderes opositores, como Rubén Costas, Leopoldo Fernández, Mario Cossío, Ernesto Suárez y contra funcionarios de gobiernos anteriores.

El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas sentencia que la gestión “fue funesta, porque es otra de las entidades estatales subordinadas al criterio político partidario del MAS. Los escasos avances de independencia fueron distorsionados, se eligió qué investigar y qué no con el mismo criterio y se utilizó a la Contraloría como un arma de ataque contra los opositores. Fue considerado y hasta ocultó esos otros que incluían a los oficialistas”, aseveró.

Herbas explicó que, en el caso del Fondo Indígena, “el directorio delegó a ejecutivos como responsables, así está escrito en resoluciones, por lo tanto resultaron con responsabilidad tres o cuatro de ellos”.

No se incluyó a Achacollo, explicó, por ese motivo: “Los directivos eran responsables”, ratificó. La explicación en los otros casos, cuando se refiere a por qué se metió a exprefectos, es tajante: “Es que pusieron su firma” para que se desvíen recursos del IDH, programados para otros temas, a la realización de referéndums autonómicos.

El senador opositor Óscar Ortiz (UD) y Cárdenas admitieron que se mantuvo “cierta formalidad institucional”, pero el asambleísta opositor considera que “hubo una orientación política en la que se hizo poco para fiscalizar a un Gobierno que lleva 10 años y vemos que se actúa con una agilidad y dureza cargada de criterios políticos contra opositores”, aseveró.

Criticó que casos como el del Fondo Indígena, las barcazas, y otros no recibieron una respuesta. “No hay una auditoría del Fondo, fue un informe circunstancial de hechos sobre un número reducido de proyectos y no fueron nunca más allá. Por eso no logramos que avance”.
Ante las críticas de la oposición, que señalan que su gestión fue servil al MAS replica que “es un discurso que se cae fácilmente, porque los mismos opositores que se pronunciaron contra el Contralor llamándolo masista, son los mismos que nos pedían auditoría.?Si no tengo confianza en determinada persona, no le hago este tipo de solicitudes”, dijo.

Institucionalización
La Contraloría mantiene a varios funcionarios con larga trayectoria. Los colaboradores más cercanos del excontralor son, incluso, más antiguos que él e hicieron carrera en la entidad. Olga Suárez trabaja 26 años y fue designada subcontralora de Auditoría Externa el 2009; Marco Apaza tiene 23 años de antigüedad y es subcontralor de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales desde el 2012; Sandra Quiroga lleva 20 años en la Contraloría y hace nueve recibió el memorándum para convertirse en subcontralora de Control Interno; Fernando Saavedra trabaja desde 1997 y es subcontralor de Auditorías Técnicas desde el 2006. Edino Clavijo entró el 2007 y es subcontralor de servicios legales desde el 2013; Henry Ara trabaja siete años y fue designado subcontralor General el 2011; mientras que Wilmer Vargas trabaja hace siete años y desde este año se encarga la Subcontraloría de Empresas.
Suárez, la más antigua, entró a través de un curso de becarios y se quedó en 1990. “Se respetó mi carrera;?llegué el año que se promulgó la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental”.

El jueves, una larga fila de funcionarios despidió a Herbas. Tras esa reunión aceptó dialogar con este medio. “El personal es fijo, hablamos de 595 ítems, y eso no se ha incrementado desde mi ingreso. La Contraloría trabaja con el mismo presupuesto desde hace diez años. El año pasado, por la necesidad de trabajar con la Ley de Empresas es que tuvimos un incremento de 10 servidores”, apuntó.

Herbas fue asambleísta por el MAS antes de ejercer el cargo, “pero a esta oficina no he metido ni a un solo militante. Uno de los elementos que puedo destacar y me siento orgulloso de eso es que el 98% de los trabajadores están institucionalizados, quiere decir que han entrado por convocatoria pública, y ejercen la carrera pública y no los podía echar por capricho. Ese fue un elemento central. Con la designación del nuevo contralor, el 100% estará institucionalizado”, manifestó.

EL DEBER recorrió las instalaciones, y conversó con funcionarios antiguos. Una gerente de auditoría, con 16 años en la institución, destacó a Herbas, “por su respeto a la estabilidad que fue absoluto, eso no se ve en otras instituciones estatales, donde no hubo movimientos por temas políticos, aquí la gente que se va no porque los echan, sino para buscar mejores horizontes. El personal de la Contraloría no creció, la remuneración es menor a otras entidades”, señaló