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La decisión que asuma el equipo jurídico boliviano para liberar a los nueve funcionarios que se encuentran detenidos en Chile desde hace dos meses tiene que ser aprobada por ellos, adelantó ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera. Por su lado, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que los dos militares y los siete funcionarios de Aduanas no se declararán culpables en caso de optar por el proceso abreviado. La misma visión tiene la Fiscalía de Pozo Almonte. 

García Linera cuestionó que los opositores observen la opción jurídica propuesta y señaló que cualquier vía legal será tomada en consentimiento con los afectados. “Nos llama la atención que algunos políticos, que son una especie de bancada chilena en la Asamblea, critiquen que los detenidos opten o vean una posibilidad en esta salida judicial y critiquen al Estado, cuando ellos, los políticos de la derecha, tienen jefes que estaban dispuestos a regalar gas boliviano a los chilenos”. 

Legislación chilena
Mientras, el ministro Arce detalló que optar por el proceso abreviado no contempla que los detenidos se inculpen por los delitos de los que se los acusa, que son robo, contrabando y portación de armas. 
“No implica de ningún modo el reconocimiento de la comisión de los tres delitos por los cuales se los procesa, menos admisibilidad de culpa, pues la misma legislación procesal penal chilena establece expresamente que la sentencia en un procedimiento abreviado contempla la posibilidad de la absolución”, detalló el ministro Arce. 

Al respecto, el fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, remarcó que en un proceso abreviado en Chile “no se reconocen delitos” y que “solo se reconocen hechos fácticos”. En este caso, los bolivianos solo admitirán que pasaron a territorio chileno.  

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