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El Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó 8 casos que involucran a su antecesor en la cartera de Estado, Arturo Murillo, en compras con sobreprecio y afectación al Estado. En el caso de la adquisición de los gases lacrimógenos también se involucra al ministro de Defensa según el decreto 4168.

Una auditoría realizada a la gestión anterior reveló 8 procesos de adquisición con irregularidades como la asignación directa de un proveedor que no cumplía las normas ni requerimientos exigibles. Los casos auditados tienen que ver con la compra de gases lacrimógenos, la dotación de equipo de protección para la Policía, los servicios de alimentación para diversas unidades de la Policía o la adquisición de software y equipos tecnológicos.

Del Castillo destacó que entregarán el resultado del informe al Ministerio Público para que determine las acciones correspondientes, así como las personas que deberán ser investigadas en las diferentes causas.

El caso más relevante tiene que ver con la compra de gases lacrimógenos en un proceso de adquisición que también involucra al Ministerio de Defensa. De acuerdo al decreto supremo 4168 se modificaba una partida de Bs 40 millones a favor del Ministerio de Gobierno que posteriormente fue entregado al Ministerio de Defensa. El destino de estos fondos apunta a la compra del material químico.

La denuncia presentada por el ministro de Gobierno fruto de la auditoría realizada destaca que la compra de los gases se encargó a una empresa, Bravo Tactical Solutions, que presentó unos precios superiores a las mismas compras realizadas anteriormente. Así, los proyectiles de largo alcance que se adquirieron en Bs 189, fueron asignados por BTS a un precio de Bs 270; mientras que los de corto alcance pasaron de Bs 188 a Bs 250.

“El daño económico que habría causado la gestión de Arturo Murillo ocasionó un sobreprecio de más de Bs. 7.1 millones” contabilizó la autoridad.

Del Castillo destacó que, en anteriores gestiones, “este tipo de compras se realizaba en el territorio nacional sin intermediarios, directamente con la empresa que se encargaba de transportar y almacenar el material”, situación que no ocurrió en este caso con BTS. El pago de traslado, almacenamiento e impuestos fue asumido por el ministerio de Defensa, con lo cual pudiera elevarse el daño económico al Estado.

En un segundo caso, correspondiente a la compra de equipamiento para el comando estratégico, del Castillo vuelve a insistir en “el direccionamiento para la asignación de la empresa sin un análisis técnico ni una licitación pública”. La compra directa de los equipos de seguridad para la Policía, por valor de Bs 3.558.220, se adjudicó a tres empresas. Termobol SRL, Armus ltda. y Tacsbel SRL que son los proveedores observados.

“Hablamos de un favorecimiento a estas empresas porque no tenían ni certificaciones ni autorizaciones para la compra de este material” según dispone el reglamento del Ministerio de Defensa señaló del Castillo.

La compra comprendía material de protección como chalecos antibalas, escudos o castos de protección. Ante las irregularidades detectadas, el Ministerio de Gobierno “resolvió los contratos y actualmente estamos ejecutando las boletas de garantía para evitar un daño económico al Estado de más de 3,5 millones de bolivianos” aclaró el titular de la cartera de Gobierno.

La auditoría también demostró que la compra de un servidor y microdata center para la unidad de tecnología y sistemas del Ministerio de Gobierno. En este tercer caso, del Castillo indica que la compra implica “irregularidades en el proceso de adquisición”.

El informe revela que la empresa Hansa Ltda. entregó el equipo, por valor de Bs 325.000 sin que se haya producto de proceso de contratación. Si bien del Castillo no cuestiona el precio final de la compra, si observa que no hubo trasparencia al momento de la convocatoria puesto que “los datos exigidos eran muy específicos, como para beneficiar a una sola empresa”.

Los dos siguientes puntos de la auditoría se refieren a la contratación de servicios de catering en favor de Gate Gourmet tanto para el servicio de alimentación de las fuerzas de tarea conjunta en el trópico cochabambino como para Los Yungas.

En el primero de los casos, la partida asignada supone casi Bs 26 millones; mientras que en el segundo asciende a Bs 18 millones. Al igual que en otras adjudicaciones, en el proceso de selección de proveedores se benefició a una empresa excluyendo “con argumentos descalificadores insuficientes” a otras empresas.

Otra de las constantes en varios de los casos denunciados por del Castillo señala que los contratos son suscritos antes de que las empresas presenten su documentación legal para la protocolización.

La auditoría realizada a la gestión de Arturo Murillo al frente del Ministerio de Gobierno involucra también la compra de bolsas de dormir para el personal de la tropa. En este caso, la empresa Emitex suscribió un contrato por Bs 596.858 .

Nuevamente, del Castillo advierte que “han alterado documentos y existen inconsistencias en el proceso de contratación”. Como en otros casos, las fechas de entrega de documentos no coinciden con la firma de los contratos.

El séptimo caso refiere al proceso de contratación de llantas para el parque automotor de la Felcn. En esta oportunidad las empresas beneficiarias son Soincor SRL y el señor Jhon Gregorio Chambi Lira y el contrato supone el valor de Bs 840.000. Nuevamente una parte de la documentación, en este particular las boletas de garantía, se presentaron después de la consignación del contrato.

El último caso presentado por la auditoría se refiere a la contratación de un “Firewall” para la Dirección General de Migración por valor de Bs 185.000. Tres empresas participaron de la licitación que fue adjudicada a la Agadon SRL, a pesar que no contaba con el certificado vigente de Ibnorca. Del Castillo considera que esta adjudicación debió declararse nula porque ninguna de las propuestas cumplía con los requisitos planteados por la ADSIB para softwares privativos en territorio nacional.


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