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La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó hoy, un día después de que el abogado Eduardo León ya fue enviado a la cárcel, el excesivo tiempo que estuvo detenido, que no se cumpliera la orden judicial que le dio detención domiciliaria, que no se le asignara custodio, y la forma en la que se le quitó el título de abogado y pide que se respete el debido proceso.

“Preocupa a la Oficina el excesivo tiempo que el abogado León estuvo detenido sin que se definiera su situación jurídica por parte de un juez cautelar, tal como la ley dispone. Jueces de La Paz, El Alto y Oruro se excusaron o solicitaron licencia lo que demoró el trámite de las audiencias previstas. En este sentido, la Oficina recomienda al Consejo de la Magistratura estudiar este caso en el contexto de la normativa vigente y proponer correctivos para que estas situaciones no se repitan en el futuro”, señala la nota.

Luego continúa que a “la Oficina también le preocupa que la orden judicial, emitida el 26 de mayo que dispuso el arresto domiciliario para el abogado León, no fue acatada, como tampoco se cumplió la orden judicial para procurar la custodia policial con el fin de vigilar dicha medida cautelar, alargando arbitrariamente la permanencia del abogado en celdas judiciales. En consecuencia, es importante señalar que las autoridades competentes deben cumplir sin demora las órdenes judiciales emitidas”.

Para el comisionado, la aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes, “es una medida gravosa que debe estar sustentada en una profunda investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos y pide a los órganos encargados del juzgamiento a “cumplir rigurosamente los principios de competencia, imparcialidad e independencia”.

Sobre el título académico del abogado León que fue anulado, advierte que esta actuación podría “vulnerar seriamente las garantías del debido proceso, particularmente el derecho a la defensa plena e íntegra y el derecho a ser oído que tiene toda persona en cualquier área del derecho, ya sea penal, civil o administrativo”.

Finalmente menciona que preocupa el estado de salud en el que se encuentra el abogado León, e insta a las autoridades a precautelar su derecho a la salud. “La Oficina confía en que estas consideraciones necesarias serán debidamente tomadas en cuenta por las instancias competentes. La Oficina continuará monitoreando el proceso con toda la atención debida como lo ha venido haciendo desde un principio”.