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Los tres organizadores de la denominada ‘sex party’, celebrada el fin de semana en el barrio Cota Cota, en la zona sur de la ciudad de La Paz, fueron imputados por los delitos de corrupción de niños, niñas y adolescentes porque se ofrecía sexo, droga y bebidas. Los acusados tendrán que cumplir detención domiciliaria, con derecho al trabajo, además de asistir a jornadas de estudios.

La medida sustitutiva fue dictada ayer por el juez Román Castro, que no encontró elementos para dictar la reclusión preventiva en contra de los imputados, porque las supuestas víctimas, que eran tres menores de edad, no se presentaron a la audiencia cautelar.

Después de que el juez anunciara su fallo, los acusados informaron que presentarán una contrademanda para reclamar por el dinero perdido en esa fiesta. Durante un operativo realizados por la Policía y la Alcaldía de La Paz se halló marihuana, alcohol, condones y personas que bailaban ligeras de ropa. 

El otro caso
Sobre la fiesta que se celebraba el sábado en la casa del diputado suplente del MAS Joselín Ordoñes, en el barrio de Bajo Llojeta, bastó la declaración de los padres de familia del Instituto Americano para que los más de 20 estudiantes y el legislador oficialista fueran liberados. En el domicilio fueron encontradas bebidas alcohólicas en baldes. 

A pesar de la liberación, los legisladores opositores exigen que se aplique una sanción al diputado porque consideran que melló el decoro parlamentario, dijo la diputada Shirley Franco. 
El diputado Remberto Calani (MAS) indicó que el caso está en manos de la justicia ordinaria y que los opositores también tienen otras instancias internas si buscan sancionar a Ordoñes. 

La investigación empieza
El comandante de la Policía, Abel de la Barra, dijo que el caso de la ‘sex party’ llamó la atención por la forma de la convocatoria y el desenfreno. “Este caso debe llevar a la reflexión a los padres, porque no se trata de una fiesta común y corriente, sino con agravantes que lindan con el delito. Este hecho apenas empezó a investigarse, vamos a tener más detalles conforme avance el trabajo, nada está cerrado”, señaló el jefe policial.

El abogado de los tres acusados, Jorge Borda, afirmó que en la audiencia quedó claro que no hubo corrupción de menores, que era el cargo de la Fiscalía, porque nunca se conoció a las supuestas víctimas y nunca fueron mencionados por el Ministerio Público.

“No pueden decir que hay corrupción de menores porque debe haber un agredido y un agresor, pero nunca presentaron a las víctimas. Mis clientes evalúan la posibilidad de una contrademanda porque fueron perjudicados en sus intereses, ya que la Alcaldía se llevó lo que habían conseguido en consignación y tenían que pagar”, adelantó.
La Alcaldía de La Paz y la Policía allanaron el local porque se permitía el ingreso de menores a un evento organizado para mayores de edad. 

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