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El rector de la Universidad Autó- noma Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Rosas, ordenó realizar una auditoría especial sobre la otorgación de pases directos para bachilleres indígenas gestión 2019, con carácter prioritario. La determinación fue emitida luego de conocerse una denuncia de un supuesto ‘tráfico’ de pases de indígenas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) a la estatal cruceña.

“Con el fin de aclarar esta situación, el despacho a mi cargo ha instruido a la unidad de Auditoría Interna una auditoría especial sobre la otorgación de pases directos (...). Toda vez que fue el Ilustre Consejo Universitario (ICU) el que aprobó este convenio en favor de la Cidob, solicito suspender dicho acuerdo en forma inmediata”, expresa Rosas en el comunicado del 24 de abril.

El jefe del departamento legal de la Uagrm, Freddy Pérez, explicó que una vez solicitada esta auditoría el convenio entre la Uagrm y la Cidob queda paralizado.

“No deben ingresar o inscribirse otros jóvenes. En base a un informe preliminar se va a iniciar el proceso que corresponda, ya sea penal o administrativo”, indicó. Antes, el vicerrector Oswaldo Ulloa confirmó a EL DEBER que la Cidob había enviado una lista de 1.750 bachilleres para el pase directo a la ‘Gabriel’, en base a la resolución 018/2019 aprobada por el ICU en marzo, y que fue rechazada.

El ejecutivo de la Cidob, Pedro Vare, admitió la devolución de esta lista, aunque negó que hayan sido más de 300 postulantes. “(La auditoría) se hará a las personas que ingresaron por este convenio. Se habla que hay apellidos japoneses o propios del occidente, y que nada tienen que ver con las tierras bajas. Se determinará cómo ingresaron y quiénes los registraron”, precisó el jefe del departamento legal.

Pérez apunta a que los encargados del registro debían verificar si los postulantes de la Cidob cumplían los requisitos dispuestos en el reglamento, que entre otros aspectos obliga a ser nacido y haber estudiado en la comunidad de la que adscribe su procedencia. Ulloa dijo que no cree que ‘ningún funcionario’ de la Uagrm esté involucrado, en particular del ICU. Pese a esto, el miércoles 24, el presidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), Rosendo Peña, adelantó a EL DEBER que pediría un informe al Vicerrectorado, mientras que el decano de Derecho, Manfredo Menacho, pidió que se pronuncie el ICU, FUP y la Federación Universitaria Local (FUL).

Abandonos en el ICU

El jueves 25 se instaló una sesión del ICU en la que el rector -que se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)- previa comunicación interna intentó poner el tratamiento de las denuncias de los indígenas en la agenda del día; sin embargo, los delegados estudiantiles abandonaron el salón junto a algunos docentes, imposibilitando el tratamiento del tema por falta de quorum.

El presidente del Congreso Universitario de la Uagrm, Rolando López, cuestionó la actitud de los delegados universitarios y consideró que se debe a que “la idea de anular las listas molestó a algunos”. Pese a esto, siete delegados ICU firmaron una carta en favor de la suspensión de la resolución remitida el rector. Uno de los firmantes es Roy Céspedes, de Humanidades, quien calificó el abandono a la sesión del ICU de “irresponsable”, toda vez que la institución está en tela de juicio por las denuncias de la Cidob, las redes sociales y la opinión pública debido a la publicación de una nota.

“Dejan entrever y siembran la duda. No asumen responsablemente. Hay corruptores y corrompidos. Pueden ser estudiantes y docentes, lo que no sabemos es quiénes son”, añadió Céspedes. La carta cierra pidiendo un informe pormenorizado de los listados de la Cidob (aprobados y rechazados), “con los antecedentes y lo actuado”.

El ICU se compone de 76 miembros de los cuales 38 son estudiantes y 38 docentes; se requiere la asistencia de la mitad más uno para que exista un quorum. Consultado, un docente expresó que le parece confuso este abandono, toda vez que los delegados estudiantiles -con excepción de dosresponden a Rosas, por lo que lo atribuye a una división. En septiembre de 2018, un congreso propuso que se incluya en el estatuto orgánico la separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, es decir, que el ICU no esté presidido por el rector, pero no fue aprobado.

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