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El caso de supuesto terrorismo, juicio que cumplirá en octubre siete años de estar en proceso y sin lograr una sentencia final; la causa abierta contra Gabriela Zapata por trata y tráfico de personas, donde además de ella hay 10 implicados y que ya tiene cuatro años de ventilarse en los estrados judiciales; el caso donde los dos policías Navia fueron implicados en una supuesta red de narcotraficantes internacionales, que desde 2010 es investigada y aún no tiene sentencia en el juicio oral que se desarrolla; el proceso por lavado de dinero en contra de Jacob Ostreicher, pró- fugo de la justicia y cuya causa se abrió cuando fue detenido en 2011; y el juicio contra uno de los integrantes del Primer Comando Capital (PCC), Mariano Tardelli, caso que comenzó luego del asalto al vehículo de transporte de valores Brinks en abril de 2017, son cinco de los procesos más ‘bullados’ del país, que luego de la aprobación de la Ley de Abreviación Procesal Penal tendrán, a partir de octubre de este año, seis meses más como plazo fatal, para que los tribunales que los conocen dicten sus fallos, absolviendo o condenando a los implicados en estos hechos.

Esta es una de las disposiciones transitorias de la normativa promulgada ayer en Sucre por el jefe de Estado, Evo Morales, con la que se busca dar celeridad a ‘pesado’ mundo de investigaciones y de juicios que llenan los juzgados de toda Bolivia, el mismo que tiene al sistema carcelario nacional con siete de cada diez presos sin sentencia. Además de estas causas, que provocaron un sinfín de reacciones en la población cuando salieron a la luz pública, hay otros procesos que ingresarán al litigio oral con las nuevas reglas de juego como el juicio que deberá identificar y sentenciar a los culpables del tiroteo fatal en el intento de asalto en la joyería Eurochronos o aclarar a los responsables públicos y privados del accidente de la aerolínea LaMia, donde murieron 71 personas.

Pero algunos de los abogados que tienen participación en al-gunos de estos casos, consideran que la nueva normativa procesal solo persigue un interés político y que en realidad no será aplicable. Por ejemplo, Gary Prado, abogado de varios procesados en el caso terrorismo, afirma que es inaplicable el plazo fatal que la disposición plantea para acabar con los juicios en curso y asevera que, si es necesario, plantearán demandas contra la ley ante el mismo Tribunal Constitucional.

Zuleyka Lanza, abogada en el proceso que aún está sin conclusión y depende de la resolución de una apelación para saber si debe volverse a celebrar el juicio o los tres sentenciados en el caso del médico Jhiery Fernández, también ve a la disposición como política y fuera de las normas en el marco del litigio jurídico. Frente a las críticas y los cuestionamientos, el ministro de Justicia y proyectista de la norma convertida en ley desde ayer, Héctor Arce, asegura que el principal fin de la nueva disposición es modernizar el sistema judicial, agilizar los procedimientos y descongestionar el hacinamiento carcelario, debido a la demora en los estrados de los juzgadores. “Las causas duran años, ahora tenemos un límite normativo que lo vamos a cumplir, porque es nuestro deber cumplirlo como máximas autoridades: en un año ya no habrá más procesos penales pendientes”, señaló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, que celebró la norma 

Digitalización judicial

Uno de los mayores cambios que persigue la nueva disposición, es la creación de las unidades gestoras de los procesos, instancia a través de la cual se administrarán las notificaciones y el seguimiento de todas las causas. Una vez entre en vigencia la normativa, el 30 de septiembre de este año, los abogados litigantes deben contar con un buzón digital, donde se recibirán las notificaciones y los escritos de las causas, dejando atrás el mundo de los papeles y las fotocopias, que ahora se utilizan.

Como parte de este cambio también se tiene previsto el uso de algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de ubicación física, como una de las medidas cautelares de carácter personal, a fin de evitar enviar personas a las cárceles hacinadas del país. Para el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez, la nueva ley le genera escepticismo sobre la posibilidad de que se revolucione la justicia en el país, aunque reconoció que la implementación de la tecnológica es buena.

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