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El procurador general del Estado, Pablo Menacho, negó ayer un posible uso político del caso Quiborax en contra de la imagen del expresidente Carlos Mesa e insistió que la exautoridad incumplió normas para expulsar a la empresa chilena del Salar de Uyuni.

“Esto nada tiene que ver con temas electorales porque no es la Procuraduría la que está sacando este (caso) del sombrero”, respondió Menacho, después de que Mesa aseguró que con la denuncia en su contra por el caso Quiborax se confirma que el Gobierno impulsa una estrategia de demolición de su imagen por considerarlo un enemigo político para las próximas elecciones.

La defensa
Mesa calificó de ‘desastrosa’ la defensa del Estado boliviano en el juicio internacional con Quiborax e incluso dijo que la Procuraduría quiere que el Ministerio Público inicie un proceso en su contra para ocultar precisamente esa situación.

Sin embargo, Menacho sostuvo que la Procuraduría ha presentado todas las defensas necesarias en la disputa. Recordó que la solicitud de arbitraje data del 4 de octubre de 2005 y Bolivia contestó la demanda el 2010 presentando su dúplica.  

Después “la audiencia conclusiva se llevó del 28 al 30 de octubre de 2013, todavía en la gestión de Hugo Montero Lara, que era procurador en ese momento. Y el tribunal arbitral tardó un par de años en emitir su decisión, que finalmente se conoció el 16 de septiembre de 2015. Entonces se hizo toda la defensa, no solo la defensa de fondo ante el tribunal, sino también, una vez que se emitió la decisión, la Procuraduría inmediatamente inició un proceso de anulación, por tanto, hemos agotado (todas) las instancias”, declaró.

Insistió que la Procuraduría hizo “todo lo que correspondía” para poder obtener una sentencia favorable a Bolivia, pero no logró su objetivo porque ahora, de acuerdo a un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), se debe pagar a Quiborax $us 48,6 millones, aunque Menacho dijo que se logró rebajar el monto porque inicialmente la empresa demandó por más de 150 millones.

Además, “la Procuraduría, conjuntamente el Ministerio de Minería, lleva adelante conversaciones con la empresa Quiborax para ver la posibilidad de una (mayor) reducción del monto. Estamos en conversaciones y seguramente les vamos a informar al respecto en los próximos días”, apuntó.

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