La Defensoría del Pueblo gestionó la iniciativa, que espera ser consolidada lo antes posible. Dos anteriores medidas no tuvieron resultados contundentes en los penales

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11 de agosto de 2016, 11:58 AM
11 de agosto de 2016, 11:58 AM

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de Decreto Presidencial para una nueva amnistía, indulto parcial e indulto a privados de libertad del país. La medida, de acuerdo a la explicación de su titular, David Tezanos, busca beneficiar a aproximadamente 3.000 internos.

"Es crítica la realidad penitenciaria y estimamos si esto es aprobado sin modificaciones muy profundas, en el sentido de aplicar restricciones, tendríamos que empezar a bajar el número de las personas detenidas en cárceles. Mientras se aplicaba el indulto antes, también había una excesiva detención preventiva y condena", dijo la autoridad.  

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Los datos señalan que la amnistía se aplica en el caso de: a) a las personas cuya permanencia haya excedido el mínimo legal de la pena de privación de libertad prevista por el delito que contemple la pena más grave; b) a quienes están procesadas por delitos cuya pena más grave sea menor o igual a cinco años de privación de libertad; y c) a quienes estén procesadas por delitos cuya pena más grave sea menor o igual a ocho años, de privación de libertad, siempre que se haya afianzado suficientemente o haya habido reparación del daño causado, o haya habido acuerdo con la víctima.

Mientras que en el caso de los indultos, llegará a: personas con grado de discapacidad grave o muy grave; personas con enfermedad terminal; personas con enfermedad incurable, grave o muy grave; madres y padres que tuvieran a su cuidado exclusivo a uno o varios de sus hijas o hijos menores, al interior del recinto penitenciario, así como a determinados rangos de edad, de acuerdo al tiempo de cumplimiento de su condena a pena privativa de libertad, incidiendo en beneficiar a grupos vulnerables; además de otros casos menores.

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Existen 14.800 privados de libertad en el país, según último informe, el pasado indulto benefició a 1.700, el primero, y el segundo a 1.400, aspecto que no fue suficiente. Se espera que el presidente Evo Morales lea y apruebe el Decreto Presidencial. 

"El sistema penal boliviano criminaliza la pobreza, reproduce la delincuencia, no atiende las necesidades de reinserción de las personas en situación de privación de libertad. Lo punitivo y el Derecho Penal del Enemigo en el que incurre el Estado, no resuelve los problemas de delincuencia sino que los reproduce", concluyó Tezanos.