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Sancionar el acoso callejero como un delito fue uno de los proyectos más polémicos que planteó la diputada Shirley Franco, ahora candidata a vicepresidente por la agrupación Bolivia Dice No, que propone como presidente a Oscar Ortiz.

Este proyecto fue dado a conocer públicamente en abril de 2016 para complementar a la ley 348 sobre la violencia contra las mujeres. Dentro de las sanciones se tenía una multa de 250 UFV e incluso hasta ocho horas de arresto para el agresor.

Cuando presentó su proyecto, Franco indicó que entre otros sustentos, se apoyó en una encuesta realizada a 1.168 mujeres de las cuales, más de la mitad aseguró haber pasado por una situación de acoso en la calle.

La gravedad del delito se tipificó en acoso verbal (piropos y silbidos); el acoso verbal no físico, de comentarios con una connotación sexual; el acoso físico y el que llega a invadir el espacio de la mujer llegándo a tocarla sin su consentimiento. 

En países como Perú, Argentina, Holanda y Bélgica existen leyes que sancionan el acoso callejero. Bolivia aún no es uno de ellos.

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