Escucha esta nota aquí

Un tenso cruce de acusaciones enfrenta a la bancada de Creemos con la Defensoría del Pueblo tras la denuncia del diputado Erwin Bazán, contra un activista que dijo haber impulsado 300 abortos durante la cuarentena por el coronavirus.

Esta mañana, la agrupación Creemos señaló que la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pretende despenalizar el aborto. Según explicó Bazán, “quiere tergiversar el contenido de la normativa vigente” para imponer el aborto libre. De tal forma que la Defensora del Pueblo se convierte en “defensora de la muerte y no de la mujer o de los derechos humanos” sentencia.

Por su parte, un comunicado de la Defensoría del Pueblo denuncia que el desconocimiento de legisladores de Creemos puede generar la vulneración de derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Cruz rechaza cualquier declaración “que pretenda situar como delincuentes a niñas, adolescentes y mujeres que, por causas de violación, incesto estupro o cuando su vida y salud corren peligro, decidan interrumpir un embarazo, toda vez que las mismas no son delincuentes, sino víctimas”.

La discusión surge ante la solicitud que planteo Bazán para que el Ministerio Público actúe de oficio ante las declaraciones de un activista que confesó haber impulsado 300 abortos durante la cuarentena. El diputado de Creemos calificó de “delincuente confeso” al activista.

Frente a esta declaración, la Defensoría del Pueblo “ratifica su compromiso para continuar con el trabajo de defensa, vigencia y cumplimiento de los derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad”, amparada, según expuso Nadia Cruz, en una sentencia constitucional de 2014.

Por su parte, Bazán alega que, desde la Defensoría, se realiza una interpretación arbitraria de la sentencia para “imponer el aborto en Bolivia”. Incluso observa que desde esa institución, que debería defender los derechos y la vida, se ha enviado “una carta al Ministerio de Salud para que incluya el aborto dentro de los servicios esenciales en la atención de primer, segundo y tercer nivel”.

Ambas partes remiten a la sentencia 206/2014 emitida por el Tribunal Constitucional para defender su postura. También coinciden en que la normativa vigente contempla algunas causales para que se pueda viabilizar un aborto. Estas situaciones se producen en los casos de violación, incesto, estupro o cuando la vida y salud de la gestante corre peligro.

Además, en la mencionada sentencia se aclara que la resolución “no implica desde ningún punto de vista un derecho al aborto, ya que se debe aclarar que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene como uno de sus pilares fundamentales el respeto a la vida”.

Bazán reconoce la vigencia de estas causales sobre las cuales el aborto puede ser considerado como “inimputable, lo que no se puede interpretar como libre”. Pero considera que “la osadía de esta gente” que pretende extender esta casuística para que sea considerada como una opción sin restricciones.

Por su parte, Cruz insiste en que la sentencia plantea la celeridad en los casos mencionados. Incluso alega que “impedir el procedimiento de la interrupción del embarazo en los casos citados, en especial cuando se encuentren involucradas niñas o adolescentes… se consideraría como un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante en contra de esta población en situación vulnerable”.

Campaña a favor del aborto

La bancada de Creemos observa una intencionalidad clara, por parte de Nadia Cruz, de impulsar mecanismos para despenalizar el aborto en Bolivia.

Queremos denunciar que la señora Nadia Cruz, supuesta Defensora del Pueblo, está realizando unos informes defensoriales sobre la situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres”, expuso el jefe de bancada de la agrupación Creemos.

Además, afirman que este movimiento pro aborto cuenta con financiamiento internacional de Planned Parenthood, que a través de Ipas Bolivia se encarga de propagar sus ideales.

Bazán profundiza la denuncia y considera que, gracias a estos recursos, los movimientos abortistas “han permeado las instituciones del Estado”.

Cuestionan la legitimidad de Cruz

Para Bazán, es incoherente que alguien que pide el respeto y apego a la norma carezca de fundamento jurídico para hablar. “Está en un cargo de interinato excedido desde el primer trimestre de 2019”.

Para resolver la falta de legitimidad en la que incurre Cruz, Bazán plantea que se debe elegir, cuanto antes, una persona adecuada para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.

Comentarios