Una comisión de fiscales investiga denuncias de corrupción en la Anapol
Unas 250 pruebas fueron suplantadas. El Gobierno dispuso la realización de nuevas pruebas, que serán elaboradas con dos horas de anticipación y revisadas mediante un escáner
La Fiscalía Departamental de La Paz conformó este lunes una comisión de tres fiscales: Miguel Aramayo, Samuel Lima y Willy Rojas, quienes llevarán adelante el proceso investigativo del caso de cobros irregulares en los exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol).
William Alave, titular de esa instancia, informó que el propósito de esta decisión es darle celeridad a la investigación en la que se encuentran involucradas empresas, personas particulares y efectivos policiales. “El Ministerio Público no va escatimar ninguna situación ajena a la investigación y va a tener que imputar a las personas que corresponda, no se va encubrir a nadie ni a ningún oficial de alto rango”, puntualizó.
El pasado 11 de enero, los fiscales designados al caso lograron que la autoridad jurisdiccional determine la detención preventiva del teniente Freddy T.H. y la doctora Fanny M.O., además se tiene previsto entrevistar a más personas para recabar y abundar con mayor prueba investigativa y realizar la imputación formal en contra de las personas implicadas, a fin de esclarecer este caso.
Los datos indican que 255 pruebas fueron suplantadas y dos empresas encargadas de parte de la evaluación eran ficticias, debido a que se crearon recientemente y fueron beneficiadas en una licitación con vicios de nulidad.
La semana pasada el Ministerio Público junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició un proceso de investigación, sobre pagos anómalos de exámenes de postulantes a la Academia Nacional de Policías, ante la denuncia de algunos padres de los aspirantes a la carrera policial.
A partir de la intervención, el Gobierno dispuso la realización de nuevas pruebas, mismas que serán elaboradas con dos horas de anticipación y revisadas mediante un escáner, y con la participación de la Defensoría del Pueblo y de universidades públicas.
