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Existen al menos dos leyes que fueron aprobadas con el objetivo de contrarrestar la pandemia de coronavirus. La oposición denunció que existe una norma que autoriza la atención gratuita en clínicas privadas para pacientes con Covid-19, en caso de que los hospitales públicos sean rebasados. Otra normativa es la autorización del uso del dióxido de cloro en tratamientos del virus.

El exdiputado Tomás Monasterio reapareció en la ciudad de La Paz junto con Vladimir Peña, quien fue miembro de Demócratas. Ambos exigieron al Gobierno que aplique la norma y obligue a las clínicas privadas a atender gratuitamente a pacientes con Covid-19.

“El Estado debe cumplir el cien por ciento del costo del tratamiento de las personas. Vemos mucha indolencia, incapacidad de un Gobierno que prefiere perseguir antes que cuidar la salud de la población boliviana”, afirmó Monasterio.

A su vez, Peña recordó que fue la expresidenta del Senado, Eva Copa, la que sancionó esa normativa y que ahora está publicada en la Gaceta Oficial del Estado. El político también exigió que el Gobierno viabilice los recursos económicos para que los pacientes sean atendidos en clínicas privadas debido al colapso de los hospitales.

“Le exigimos al presidente (Luis Arce Catacora) la aplicación de esa ley que está en vigencia desde octubre de 2020. Fue promulgada por la señora Eva Copa y establece que, ante la saturación, el Estado boliviano debe garantizar el tratamiento gratuito de las personas que no tienen seguro de salud en centros médicos privados”, remarcó Peña.

Pueden ir a otras instancias

Ambas exautoridades advirtieron con recurrir a instancias constitucionales para garantizar que la norma sea aplicada, considerando que la población se ve duramente golpeada por la tercera ola de la pandemia.

Esta norma establece que los centros médicos en todos sus niveles “deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público”.

También indica que el Órgano Ejecutivo estará a cargo del reembolso a las clínicas privadas, considerando “el precio real en el que se haya incurrido y demostrable de forma documentada”, para ello se debía aprobar un reglamento a cargo del Ministerio de Salud.

Eva Copa sancionó esta norma en octubre de 2020 ante el rechazo de promulgarla del Gobierno de Jeanine Áñez. Esta gestión envió la ley a consulta al Tribunal Constitucional y aun así Copa la sancionó en su calidad de presidenta de la Asamblea.

Las clínicas privadas rechazaron esta ley; sin embargo, la norma no tiene una reglamentación aprobada para su aplicación.

Otra ley que no se cumple es la que autoriza el uso del dióxido de cloro como parte del tratamiento y curación del coronavirus. Hasta ahora, solo la ciudad de El Alto aplicó la norma debido a que también esta normativa fue sancionada por Eva Copa, quien ahora es alcaldesa de esa urbe.

Los dos tercios del MAS en la anterior legislatura aprobaron esta ley, pero la expresidenta Áñez decidió no promulgarla ante el rechazo de organismos.

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