El Ejecutivo maneja la crisis sanitaria con 113 decretos y la Asamblea tiene un aporte 'menor'

La pandemia de coronavirus es manejada desde el Ejecutivo, mientras que la Asamblea Legislativa Plurinacional muestra escaso aporte durante la crisis sanitaria. En las gestiones de Jeanine Áñez y de Luis Arce se aprobaron 113 decretos supremos, que mayoritariamente son instrucciones para que sean aplicadas por los gobiernos subnacionales. El Legislativo, en las dos últimas legislaturas, solo sancionó 19 leyes.

La gestión de Áñez fue la que más decretos supremos aprobó: 89 desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado. Arce tiene hasta la fecha 24 decretos aprobados. Algunas de estas normativas están enfocadas a la reactivación económica debido a la crisis sanitaria, pero una mayoría establece instrucciones para que cumplan otros niveles del Estado u otras entidades públicas.

Mientras, la actual legislatura hizo muy poco desde la Asamblea para frenar el coronavirus: solo cinco leyes aprobadas, tres redactadas en la pasada gestión y una que no se aplica. La única que tiene cumplimiento es la Ley de Emergencia Nacional, que remitida desde el Ejecutivo.

La anterior legislatura, que se alargó el mandato un año más por los conflictos de 2019, sancionó 14 leyes. En total, las dos gestiones aprobaron 19 normativas.

Este medio hizo un recuento del compendio Covid-19 de la Gaceta Oficial del Estado. En este espacio se publican las normas publicadas para enfrentar la pandemia de coronavirus. En todo lo que va de la crisis sanitaria (desde marzo de 2020 a la fecha), son 113 decretos supremos, 19 leyes y seis decretos presidenciales. De estos últimos cinco fueron aprobados en la gestión de Áñez y uno en la de Arce. 

Los de la expresidenta son todos designaciones de ministros en remplazo del titular de Salud por las salidas al exterior. El de Arce es el decreto de amnistía para los denominados “perseguidos políticos”, entre ellos Evo Morales.

Pocas leyes

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, incluyó la Ley del Presupuesto General del Estado, aprobada en esta gestión, dentro el paquete de normas para enfrentar el Covid-19. El legislador, de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que esta ley aumentó el presupuesto para el sector salud.

“El 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) para el área de la salud permitió adquirir lotes de inmunizadores contra el Covid-19 e implementar una estrategia de vacunación masiva a nivel nacional”, detalló Mamani.

A su vez, la senadora Virginia Velasco (MAS) consideró que la aprobación de leyes que autorizan créditos de organizaciones internacionales son importantes para administrar la pandemia con compras de medicamentos, pruebas, vacunas, creación de ítems para médicos y equipamiento de centros de salud.

“Durante el año 2020 hemos sido abandonados en el gobierno de Jeanine Añez. No llegaron respiradores, pruebas, ni vacunas, ni barbijos, nada. Hemos sido abandonados los bolivianos, más al contrario lo que hubo fue corrupción y más corrupción, así hemos pasado la primera etapa de la pandemia y ahora es muy diferente”, remarcó Velasco.

Por su parte, la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que el MAS priorice leyes que no están destinadas a enfrentar la crisis sanitaria. La asambleísta detalló que existen propuestas de normas de la oposición que fueron rechazadas por el partido oficialista.

“Lamentamos que el MAS, en medio de esta crisis sanitaria, se le ocurra la maravillosa idea de meternos entre gallos y media noche leyes que no tienen nada que ver con la pandemia, como esta ley de impuestos a los servicios digitales. Lo que pretenden con esta ley es sangrar al pueblo, seguirle sacando los pocos recursos económicos”, cuestionó Nayar.

Por su parte, el jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, criticó que el MAS no permita el debate de proyectos de ley que “beneficien” a la población en plena pandemia.

“Creemos presentó una ley para que los gobiernos subnacionales puedan adquirir vacunas. El MAS la rechazó de inmediato. Ellos (MAS) tienen otras prioridades y por eso vemos las dificultades que hay en esta crisis”, dijo Bazán.

Desde noviembre de 2020 al 5 de mayo de esta gestión, cuando inicia la gestión de Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani, se publicaron cinco leyes en el compendio Covid-19 de la Gaceta. 

Las leyes son la 1345, que aprueba un préstamo de 450 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el manejo de la pandemia; la 1346, que aprueba préstamos y financiamientos de organismos internacionales para la gestión de la crisis; la 1349, que es una ley extraordinaria para garantizar la atención y tratamiento por parte del subsector privado de salud durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus; la 1358, que es la Ley de Emergencia Sanitaria; y la 1360, que aprueba el préstamo de 350 millones de dólares de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

La aprobación de decretos

Durante la anterior gestión, de Eva Copa y Sergio Choque, fueron sancionadas 14 leyes; entre las más destacadas están la que permite el uso y consumo de dióxido de cloro como método preventivo y de curación para el coronavirus. Además, de la ley que autoriza el pago de mitad de alquileres, la prórroga del pago de créditos bancarios, la ley de Estado de Excepción, la ley que coadyuva a regular la emergencia por la pandemia, entre otras.

La labor de manejo de la crisis sanitaria viene más del Ejecutivo. Esta pandemia se la encaró con decretos supremos: 113 en total. En la era de Jeanine Áñez se aprobaron 89 y en la de Arce 24.

El exministro de Salud y ahora secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, recordó que en su gestión fue difícil coordinar con el Legislativo debido a que el MAS tenía dos tercios en esa instancia. El médico dijo que el Ejecutivo estaba “casi obligado” a manejar la crisis sanitaria vía decretos supremos.

Sin embargo, Cruz cuestionó la aprobación del Decreto Supremo 4314 que autorizó la compra directa de insumos médicos y señaló que esa fue una de las razones por las que renunció. “Nosotros exigimos al gabinete ministerial que se dé una vía de seguridad porque nos dimos cuenta de que un respirador que en la tarde costaba 14.000 dólares, en la noche costaba 28.000 dólares. No había seguridad jurídica”, afirmó.

En la gestión de Arce se aprobaron diferentes decretos, como el 4438 que dicta los requisitos que deben cumplir los proveedores de vacunas contra el Covid-19 en el mercado interno. Además, el Decreto 4432 que autoriza a los gobiernos subnacionales la contratación directa de los implementos y personal médico para combatir el virus.