La CIDH expresa preocupación por decreto que sanciona la desinformación o incitar a delitos contra la salud en Bolivia
El Decreto Supremo cuestionado es el 4200, que fue promulgado el 25 de marzo con la finalidad de contener al Covid-19. Las autoridades nacionales aún no se pronunciaron al respecto.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se pronunció este sábado para expresar su preocupación por el Decreto Supremo 4200, que en su criterio “amenaza crítica de políticas o información periodística”.
“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresa grave preocupación por aprobación de decreto en Bolivia que sanciona con prisión “desinformar” o “incitar a delitos contra la salud” para enfrentar el Covid-19. Es una figura amplia y vaga que amenaza crítica de políticas o información periodística”, expresa el pronunciamiento en la cuenta oficial en Twitter del organismo.
El 25 de marzo de 2020, la presidenta Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH también alega que es desproporcionado uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público y pide al Gobierno a dejar sin efecto. “La norma no cumple con principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud”, indica el comunicado.
Pese a las observaciones, la norma está vigente y no hubo ningún pronunciamiento de las autoridades nacionales.
