El informe recomienda remitir copia a la Fiscalía General del Estado para que inicie acciones penales contra todos los involucrados.

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6 de octubre de 2020, 17:19 PM
6 de octubre de 2020, 17:19 PM

Con indicios de responsabilidad de exautoridades, funcionarios públicos y personal externo, la Asamblea Legislativa aprobó la tarde de este martes, la resolución del informe final de la Comisión que investigó la supuesta compra irregular de 170 respiradores españoles, además de otras compras y donaciones, que llegaron a entidades del Gobierno.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ciro Zabala, explicó que hay un centenar de personas que están involucradas en diferentes casos investigados por la Comisión que dirigió.

“La Comisión mixta especial sobre la compra de respiradores y todos los insumos que hubieran sido adquiridos y donados al país, por la pandemia, ha adjuntado unos 12 mil documentos. En ellos, hay indicios de haber sido procesadas todas las acciones que se hacen para la adquisición de bienes para el Estado. Unas 100 personas han sido investigadas en condición de involucradas. Nosotros no podemos acusar a nadie, solo fiscalizamos”, explicó el senador, luego de aprobada su resolución.

El informe recomienda remitir copia a la Fiscalía General del Estado para que inicie acciones penales contra todos los involucrados, que direccionaron la contratación del proveedor de los equipos y desviaron fondos destinados a la salud.

La Comisión no logró recibir la información de 52 personas que fueron citadas desde que empezó la investigación, a finales de mayo pasado. Solo declararon dos personas Luis Fernando Humérez y Fernando Valenzuela, quienes están siendo investigados por la Fiscalía. El resto, según avala, “no se ha dignado a aparecer”.

“Y no es que tengamos incompleta la información. Están los documentos que los acusan. El que no viene (a declarar), lo que quiere es ocultar algo. Y aquel que oculta, está claro que es alguien que puede ser sindicado”, sostuvo el senador del MAS.

Daño económico

Por último, dijo que no se puede saber a cuánto asciende el daño económico al Estado, ya que no encontraron cuentas claras de lo que se compró en diversas instituciones, a través de intermediarios y lo que se recibió en donación.

“Las empresas que dicen que vendieron en $us 8.000 y ellos (las autoridades del Gobierno) dicen que compraron en $us 18.000. Pues hay $us 10.000 de diferencia por cada uno de los respiradores. En otras instituciones, han comprado por un valor de $us 60.000. Había ofertas en el país de $us 400. Los sobreprecios han sido el juego más importante”, manifestó.