(VEA EL VIDEO) El Gobierno anula la presentación de ambos documentos hasta que finalice la emergencia sanitaria por Covid-19. Grupos antivacunas endurecieron sus protestas en las últimas horas

El Deber logo
19 de enero de 2022, 9:15 AM
19 de enero de 2022, 9:15 AM

El Gobierno nacional terminó cediendo ante las protestas de grupos antivacunas. El carnet o la prueba PCR negativa no serán más un requisito en 12 actividades y su presentación quedó suspendida hasta que finalice la emergencia sanitaria por Covid-19, vigente desde el 29 de diciembre de 2021.

La decisión fue comunicada por el ministro de Salud, Jeyson Auza, argumentando que la finalidad es “preservar la seguridad de la población frente a grupos que no aceptan vacunarse”, y que protestan en algunas ciudades del país.

Las actividades en las que no solicitará dicho certificado son: “atención de servicios de salud y farmacias, inscripciones en el ámbito educativo, acceso a mercados y supermercados, transporte interprovincial, trámites de identificación y servicios policiales, acceso a la justicia, atención en entidades financieras y reclutamiento para el servicio militar y premilitar”.

Auza deploró que las manifestaciones antivacunas se tornaran violentas, convirtiéndose en un riesgo de focos de contagios con Covid-19. 

La conferencia de prensa:


Desde hace varios días, el Gobierno anticipó la “flexibilización”, mientras que otros sectores de la población y autoridades subnacionales consideran la anulación del carnet un retroceso, que desalienta la aplicación de vacunas que era masiva desde que comenzó el año.

Era necesario implementar una medida de impacto que impulse y reflexione a la población sobre la urgencia de asumir acciones para prevenir formas graves de la enfermedad y así evitar que miles de bolivianos terminen en terapia intensiva o que muchas familias pierdan a sus seres queridos”, justificó el ministro.

Una vez finalizada la emergencia sanitaria, Auza anticipó que se adoptarán medidas que regulen la petición del carnet de vacunación y garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos.