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La nueva Ley 1330 que establece el pago el Bono Contra el Hambre de acuerdo con los analistas consultados no hace otra cosa que crear una mayor tensión entre la Asamblea Legislativa (AL) y el Poder Ejecutivo, ya que consideran que hay un 'hueco financiero' para cumplir con este beneficio.

En este aspecto, Jaime Dunn, analista económico, hizo notar que la nueva norma en su tercer artículo define que el dinero para solventar el bono deberá salir de los créditos otorgados por el Banco Mundial (BM) y por el Banco de Desarrollo Interamericano (BID) algo que a su criterio es ilegal porque esos recursos otorgados en mayo y junio, respectivamente, ya tienen definido un determinado uso.

Dunn precisó que los $us 254 millones que corresponden al préstamo del BM se destinaron al pago de los tres bonos que el Gobierno ya entregó y que los otros $us 450 millones otorgados por el BID están dirigidos al pago por la rebaja de la energía eléctrica, que se realizó al inicio de la cuarentena y para solventar la Renta Dignidad.

“Por lo planteado en la actualidad no hay dinero para el pago de este bono que aprobó la Asamblea. Además el BM y el BID no van a permitir que esos recursos se desvíen para otra cosas. Ese dinero se tiene que usar para lo que fue pedido, si no el Ejecutivo tendrá problemas legales”, indicó Dunn.

Para el analista, Germán Molina, por más que esta ley esté publicada en la Gaceta Oficial no significa que se la pueda cumplir, debido a que no hay recursos para el bono, por lo que considera que lo que está pasando desde la Asamblea es un comportamiento político que responde a los intereses del candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, que en su afán por conseguir votos ‘sugirió’ el pago de Bs 1.000 en una clara competencia al anuncio de pago del Bono Salud por Bs 500, realizado por la presidenta Jeanine Áñez.

Molina remarcó que si se sigue insistiendo en el pago de este bono, el Ejecutivo; para evitar cualquier responsabilidad, puede apelar a la Ley Safco de 1990.

Al respecto, Dunn hizo notar que los acuerdos con el BM y el BID son con el Ejecutivo y la Asamblea no participa en llos, ya que a criterio del analista el sistema democrático boliviano es presidencialista y no parlamentario o legislativo.

Cabe recordar que la Ley 1330 señala que: “Se crea el Bono Contra el Hambre por un monto de Bs 1.000, a ser otorgado por única vez a las y los bolivianos que residan en el país. Los beneficiarios serán las personas que no reciban ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la presente ley y sean madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con capacidades diferentes y beneficiarios del Bono Universal”.

Antes, la presidenta Áñez también había observado que los fondos del BM y del BID ya tienen otro destino establecido, por lo cual se deberían aprobar otras fuentes de financiamiento.

 Sin embargo, el Congreso determinó por votación rechazar las observaciones del Órgano Ejecutivo, con lo cual se dio paso a la promulgación de la nueva ley.