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“Seguimos en estado de emergencia y firme en la defensa del derecho de usar biotecnología en la producción agrícola”. Así, el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, indicó que el aparato productivo de Santa Cruz no bajará la guardia porque aplicar esta tecnología en los cultivos significa reactivar la economía, preservar los empleos en este sector y, sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria de las familias bolivianas.

La mención asoma tres días después de que la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz suspendiera la audiencia, hasta el 25 de este mes, de la acción popular que resolverá la aspiración de Bolivia de avanzar en la adopción de nuevos eventos biotecnológicos en sus sistemas de producción agrícola. El recurso jurídico fue planteado por organizaciones agroecológicas y activistas que exigen vetar la tecnología.

Osinaga descalifica a los detractores de la biotecnología aduciendo que, además de no tener un argumento científico válido desconocen los criterios de producción porque nunca cultivaron nada. Ve un intento de desestabilizar el modelo productivo cruceño

“Restringir la biotecnología implicará una reacción en cadena que provocara la ‘muerte lenta’ a los lecheros, avicultores y porcinocultores del occidente del país que se proveen de granos estratégicos y transversales (principalmente soya y derivados, maíz, sorgo) para complementar la alimentación de los animales”, puntualizó Osinaga.

En el país y distribuidos en los nueve departamentos, según la CAO, existen 77.477 unidades productivas lecheras, 3.500 avicultores de carne y huevo y 1.080 porcinocultores, cuya demanda nacional ronda 1.150.000 toneladas de maíz, 850.000 de sorgo y 650.000 de torta de soya

“La mayoría son pequeños productores con una economía precaria, dependientes 100% de la producción de granos en Santa Cruz. En caso de prohibirse o no permitirse el uso inmediato de nuevos eventos biotecnológicos se verán obligado a cerrar sus unidades productivas con el consecuente desabastecimiento de alimentos”, sostuvo Osinaga.

La acción popular, según los demandantes, se fundamenta en el propósito de defender el derecho a una alimentación sana, derecho consagrado y protegido expresamente en convenios y acuerdos internacionales. Aducen que el DS 4232 viola la Constitución y las leyes en cuanto a la prohibición al uso de transgénicos en Bolivia y aclaran que dicho recurso legal reivindica el derecho al acceso a un ambiente sano y libre de venenos químicos y transgénicos.

La norma citada fue firmada por el actual Gobierno y autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad elaborar reglamentos abreviados para la evaluación se semillas genéticamente modificados en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, destinados al abastecimiento del consumo interno y exportación.