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Después que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pactara con Ecuador un programa económico que determina otorgar un préstamo por $us 4.200 millones, el país andino también acordó, por recomendación de dicha entidad, acciones para reducir el gasto público e incrementar ingresos, tema que destapó una ola de protestas en las últimas semanas. Las sugerencias que aporta el FMI a las economías no excluyen a Bolivia, incluso tienen en stand-by un desembolso de $us 5.400 millones.

El ente contempla entre sus recomendaciones para Bolivia, entre otras observaciones, avanzar en las reformas estructurales para diversificar el modelo de crecimiento de Bolivia de la redistribución pública de los ingresos por hidrocarburos a la actividad dirigida por el sector privado.

Esto incluiría la reducción de aranceles sobre productos manufacturados; liberar mercados de productos; descontinuar la fijación centralizada de salarios y la indexación de bonificaciones al crecimiento del PIB; revisar las regulaciones del mercado laboral; preparar una reforma de los códigos fiscales o de inversión en los sectores extractivos; e implementando medidas para mejorar el clima de negocios, así como implementar un marco fiscal basado en reglas ancladas por un objetivo de deuda a mediano plazo.

Asimismo, en su último informe, en julio de este año, el FMI advierte que la economía boliviana presentaría un menor crecimiento para esta gestión (3,9%), con una leve tendencia al descenso en 2020 (3,8%) por un contexto, principalmente, acontecido por los desequilibrios en los precios de hidrocarburos y minerales.

Perspectiva de especialistas

En este sentido, en analista financiero Marcelo Mendoza considera que cada sugerencia debería ser realizada de manera gradual, y con un control de gestión interno para su cumplimiento; no obstante, el contexto de su aplicación depende, en el caso de Bolivia, de la base ideológica del gobierno de turno, aspecto que resulta preponderante para la aplicación de estas medidas.

“El FMI siempre se ha caracterizado en sus recomendaciones hacia Latinoamérica en la austeridad como elemento primordial, para el acceso a sus préstamos. En el caso del Ecuador no ha sido la excepción y conlleva a las manifestaciones sociales que se generaron por estas medidas”, manifiesta Mendoza.

En esta línea, el analista económico Christian Aramayo señala que, independientemente de la línea de los gobiernos, el FMI realiza recomendaciones técnicas que no son aisladas dados ciertos principios de ciencia económica, que si se vulneran puede causar desequilibrios donde los más afectados son los pobres.

Aramayo aclara que no todo ajuste implica la eliminación de servicios, ya que existen provisiones privadas de servicios públicos con excelentes resultados como demuestra Perú, Chile o los servicios básicos en Santa Cruz.

 Agregó que las preocupaciones del FMI deben ser asumidas desde una realidad local y que “si una reforma económica no cuenta con el interés de las organizaciones políticas para mantener su vigencia, esta no perdurará en el tiempo” (palabras del premio Nobel de Economía, Douglass North).

“Las finalidades que tiene el FMI con los países es que les vaya bien. No es un sistema paternalista, pero sí da las condiciones para hacer frente a las necesidades o revertir una mala administración, a través de un presupuesto acorde a la realidad y dar garantías enfocadas en objetivos y metas”, apunta el economista Luis Fernando García.

Para conocer su lectura respecto a las recomendaciones del FMI en esta coyuntura, se buscó la voz de ministro de Economía, Luis Arce, pero no hubo respuesta. No obstante, desde esta cartera de Estado se muestran optimistas por la posición que ocupa Bolivia respecto a otros países en cuanto a perspectivas de crecimiento.

Anteriormente, el ministro Arce sostuvo que cuando los organismos internacionales ya no tienen nuevas ideas para proponer a los países miembros del FMI y el Banco Mundial (BM) para sacarlos de sus crisis, y las recetas siguen siendo las mismas, pone en evidencia que son incapaces de resolver estas crisis.

Así como el FMI refirió que las reformas dadas en Ecuador tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad económica y que continuarán colaborando en este asunto, los especialistas también observan que algunas de las condiciones exigidas generan un elevado costo socioeconómico, especialmente cuando se aplican como medida de shock.