Aportantes y expertos ven con recelo que el Gobierno administre $us 24.000 millones de las jubilaciones

“Hoy es un día histórico, desde hoy, quienes quieran asegurarse e ingresar al Sistema Integral de Pensiones (SIP) ya no irán a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los bolivianos irán a nuestra Gestora a registrarse como aportantes a nuestro sistema de pensiones”, expresó el presidente Luis Arce Catacora, la pasada semana, con motivo del anuncio de inicio de actividades de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Lejanamente del júbilo de la primera autoridad política del país y del mensaje que se intuye debe generar certidumbre, afuera de las oficinas de la AFP BBVA Previsión y de la Gestora Pública regional Santa Cruz (barrio San José Obrero), prevalece la desconfianza. “No le daré mi nombre, tampoco me grabe, anote nomás porque estos que nos gobiernan son ‘capos’ para perseguir. A mi entender, nuestros aportes de jubilación están en riesgo porque el Gobierno siendo juez y parte de la administración dispondrá a su antojo de los recursos. Si decide financiar las empresas públicas con los fondos del SIP estamos ‘fritos’ porque la mayoría son deficitarias. Si eso ocurre nuestra vejez está comprometida, encima recibimos pensiones bajísimas”, expresó un jubilado. 

Una profesional aportante, también objetó el traspaso de la administración del sistema de pensiones al Gobierno. “Es sabido que la administración estatal es ineficiente y corrupta. Ellos ‘maquillan’ los números para hacer creer que la economía está bien. Llama la atención que justo cuando economistas advierten iliquidez en esferas del Gobierno la administración de los fondos que gestionan las AFP pase al Gobierno. Ese apuro es lo que levanta sospecha e incertidumbre”, anotó. 

Leonardo Ipamo, secretario ejecutivo de la Federación de Jubilados del SIP en Santa Cruz, lamentó y reprochó la decisión discrecional asumida por el Gobierno sin consultar a los trabajadores aportantes activos y los jubilados si querían o no que el Gobierno se haga cargo del manejo de las cuentas individuales de aportes del sistema de pensiones en el país. 

“El Gobierno, al tomar la Gestora Pública, definirla como empresa estratégica, sin haber financiado su creación, está usurpando recursos de privados y, por lo tanto, los ‘compañeros’ activos y los jubilados no estamos de acuerdo que se haga cargo de las jubilaciones porque el Estado es un mal administrador. Exigimos que nos garanticen que no se van a despilfarrar los recursos que suman $us 22.000 millones”, enfatizó Ipamo. 

La Gestora Pública inició parcialmente sus actividades, dado que se prevé que hasta mayo de 2023 se concluya el proceso de migración de información de las cuentas previsionales de los asegurados, que actualmente administran las AFP. Según el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, las utilidades de la Gestora serán destinadas a financiar la Renta Dignidad y el Fondo Solidario en el marco de lo establecido en el SIP. 

En Influyentes de EL DEBER Radio, Montenegro afirmó que los ahorros seguirán siendo reinvertidos, aclarando que la administración de las AFP a la Gestora es lo que cambia. Asimismo, dijo que la estatal cobrará menor comisión por administrar las cuentas. “Se verán mecanismos para aumentar la rentabilidad de los recursos de los aportantes”, anunció.

Respecto a las observaciones en sentido de que el Gobierno es mal administrador de la cosa pública, el ministro invitó a los que tienen ese criterio a ver los resultados del manejo de la economía, que, según él, se refleja en una tasa de inflación controlada, crecimiento moderado y mayor recaudación. “No veo por qué se tenga que estigmatizar al Gobierno como mal administrador, si nuestras empresas públicas, excluyendo YPFB, generan utilidades. No deberíamos darle una carga negativa al manejo del Estado”, puntualizó Montenegro. 

La Gestora Pública es una empresa pública nacional estratégica, creada el 14 de enero de 2015, al amparo de la Ley 065, promulgada en diciembre de 2010. Esta entidad inició operaciones en 2018 con la administración y pago de la Renta Dignidad. Para garantizar la atención a los asegurados, la Gestora habilitó 31 oficinas en todo el país, cuyo personal fue capacitado y certificado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

Manejo discrecional de fondos

Bruno Rojas, ex investigador del Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario, cree que la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo inició el registro de nuevos aportantes y empresas en medio de incertidumbre y una verdad irrefutable: administrará un sistema de pensiones de corte privatista, bancario y neoliberal que continuará pagando pensiones de jubilación bajas y en el futuro, rentas miserables.

Con relación a la incertidumbre dijo que se refiere a la lenta y deficiente migración de datos de los registros de aportantes de las AFP al sistema informático de la Gestora (tiene un avance del 40%); la demanda ganada por BBVA al Estado boliviano por el pago de una indemnización de $us 105 millones, considerando la interrogante sobre la fuente de recursos que podría utilizarse para cubrir este pago; la carencia de una propuesta de política por parte del Gobierno y de la Gestora para mejorar la rentabilidad de los fondos habida cuenta que desde hace varios años muestra un preocupante descenso; y la inseguridad del manejo de los fondos de pensiones en manos del Gobierno del MAS, considerando los riesgos de corrupción y de manejo discrecional que puedan darse de los fondos de pensiones de los aportantes. 

“La administración de la Gestora carece de una política de mejora de las pensiones a partir de cambios en el financiamiento y gestión de los aportes. No le interesa. Ni pensar en una propuesta de una nueva ley de pensiones con orientación social que garantice una pensión de jubilación equivalente al 100% del referente salarial, tal como lo demandan varias organizaciones laborales”, complementó Rojas.

Para la exgerente regional de la AFP Futuro de Bolivia, Kathia Vaca Díez, es muy importante que se garantice el ahorro en cada cuenta individual de los aportantes y que se fiscalice estrictamente la administración e inversión de los $us 24.000 millones (64% del Producto Interno Bruto (PIB) en fondos de pensiones de los bolivianos.

Asimismo, cree que es fundamental que no se incremente la burocracia. “La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) realiza una estricta fiscalización a las AFP, por lo que esperemos que esto continúe igual”, manifestó Vaca Díez.

Hizo notar que la mayor preocupación es que el Estado pasa a ser juez y parte con la administración y fiscalización al mismo tiempo y “lamentablemente no hay buenos recuerdos de la administración estatal de pensiones en el antiguo sistema de reparto”, aseveró. 

En criterio del analista e investigador económico, Wálter Morales, un elemento de riesgo de que la Gestora Pública se haga cargo de la administración de fondos de pensiones es la destrucción progresiva del mercado de valores, pérdida del ahorro y liquidez del sistema financiero, como sucedió en Argentina con la nacionalización de sus AFP y su vuelta al sistema de reparto. “Los fondos de pensiones son los principales actores para proveer una alternativa de financiamiento al sector privado, que lo más probable es que ahora esos recursos tenderán a ir principalmente a financiar el déficit fiscal de éste y los gobiernos venideros, como sucedió también en el pasado con el anterior sistema boliviano que quebró”, expresó.

Por otro lado, -insinuó- que ahora el Estado se regulará a si mismo, lo cual genera profundos conflictos de interés y presiones políticas y sociales, tanto internas como externas, que anteriormente, al ser un administrador privado, se encontraban mitigados. 

“Desafortunadamente, la historia y evidencia están en contra de esta aventura. Lo ideal fuese poner a competir a la Gestora Pública con las AFP privadas y que la gente decida libremente, en función a quien genere los mejores resultados y servicios”, dijo Morales.

Revertir baja rentabilidad

Giovanna Hurtado, investigadora del Cedla, cree que la Gestora Pública debe crear las condiciones para una gestión pública eficiente y transparente, que le otorgue la confianza de los aportantes, pero también debe tomar acciones para revertir la baja rentabilidad de los fondos por más de 10 años, lo que afecta al monto de jubilación de cada asegurado.

Otro reto, de acuerdo con Hurtado, será armonizar su condición jurídica con el reconocimiento de la seguridad social de largo plazo como un derecho humano fundamental, para avanzar en los cambios que requiere la sostenibilidad integral del SIP, una cuestión que pasa por ampliar la cobertura, mejorar las prestaciones y asegurar su financiamiento.

Para Antonio Saravia, economista y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University (EEUU), el manejo de pensiones no es algo fácil y se necesita de una institución que mantenga un equipo sólido de expertos que tengan la experiencia adecuada, el soporte técnico y las relaciones internacionales necesarias. “Las AFP son parte de grandes bancos internacionales, la Gestora empieza de cero y aunque es verdad que nada impide que puedan constituir equipos sólidos, los terribles grados de ineficiencia en nuestras más importantes empresas públicas (como YPFB) no invitan al optimismo”, insinuó. 

Anotó, además, que la Gestora es una entidad estatal y, por lo tanto, está sujeta a las decisiones del Ejecutivo. “Una gran parte de las inversiones de las AFP consistían en la compra de bonos del TGN. La Gestora seguirá haciendo lo mismo, pero ahora será el Gobierno el que se prestará a sí mismo. Nada impide entonces que se la obligue a invertir, por ejemplo, en empresas públicas que son altamente ineficientes. Cuando el Gobierno maneja la administración de una entidad que invierte en el mismo gobierno, el riesgo es muy alto”, afirmó. 

A deducir por Saravia, los afiliados no ahorran mucho porque la gran mayoría de los empleos son informales, la edad de jubilación sigue siendo muy baja y eso no permite que se ahorre más antes de la jubilación y no se cambia la regla que impide al administrador de las pensiones invertir en mercados mundiales que son mucho más dinámicos que el interno. “Sin que esto cambie las pensiones seguirán siendo bajas, expresó.