Los productores e ingenios arroceros del Norte Integrado sostienen un paro de 24 horas, en señal de protesta por la intervención de la Fiscalía en cinco ingenios, el pasado viernes

El Deber logo
11 de diciembre de 2024, 18:13 PM
11 de diciembre de 2024, 18:13 PM

Los productores arroceros e ingenios del Norte Integrado de Santa Cruz, en un acto realizado en Montero, emitieron un pronunciamiento público, junto a otros sectores productivos, en el que exigieron seguridad jurídica a la propiedad privada, levantar los procesos iniciados contra cinco ingenios de Montero y llamaron al diálogo al Gobierno para solucionar la problemática del arroz.

El encargado de leer el pronunciamiento y las exigencias hacia el Gobierno fue el presidente del Parque Agroindustrial de Montero (Ingenor), Jimmy Prado, luego de la intervención de distintos sectores de la región, que manifestaron su predisposición en unir fuerzas para defender la producción y libre comercialización del grano que, desde Montero, se distribuye a todo el país.

El primero punto de las exigencias fue seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada; el segundo, levantar el proceso iniciado por la Fiscalía en contra de los ingenios arroceros de Ingenor. De acuerdo con la entidad, son cinco los ingenios acusados de agio y especulación.

Por último, el sector productor y distribuidor llamó “a la reflexión y al diálogo al Gobierno nacional para resolver la problemática del arroz con los productores e ingenios arroceros”.

“Estamos todos en un solo sentido y en una sola lucha. No sólo son los ingenios, es el Beni, Yapacaní, el norte Santa Cruz, Warnes, ha venido la asociación de estibadores, la Asociación de Ingenios Arroceros Productores de la Provincia Ichilo”, expresó Prado.

El 6 de diciembre, la Fiscalía allanó cinco ingenios arroceros en Ingenor de Montero y los precintó, acusándolos de agio y especulación, debido a los altos precios del grano en el país. Ese mismo día, los trabajadores y sectores afines desprecintaron las instalaciones y declararon un paro de 24 horas, que se cumplió este miércoles.

Los productores acusan al Gobierno de intentar beneficiar a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), para convertirla en una intermediaria que acapare la producción de arroz en el país.