Anoche la Policía recién envió un contingente para ingresar al lugar del conflicto, pese a que la toma de las 8.500 ha de la Subcentral Pailitas fue hace seis días. El INRA afirma que no tiene competencia en el asunto

29 de julio de 2022, 8:09 AM
29 de julio de 2022, 8:09 AM


Un nuevo ataque contra campesinos de la subcentral Pailitas, que dejó como saldo a un comunario con una herida de bala, desnudó la nula presencia del Estado en el municipio de El Puente, provincia Guarayos. Describir esto en las primeras líneas de esta nota no es exagerar, sino referirse a dos hechos concretos que demuestran lo expuesto. Primero, que cinco comunidades fueron despojadas de sus tierras de forma violenta por un grupo irregular. Y segundo que, pese a enviar un contingente de efectivos, la Policía no intervino hasta ahora en el conflicto para desalojar a los invasores, que quemaron 30 viviendas y se apoderaron de 8.500 hectáreas. 

Hasta ayer, la institución del orden ponía como excusa que no contaba con la suficiente seguridad para ingresar a un área rural, pero pasada las 23:00 desplegó a 200 efectivos hasta el lugar. 

“Existe un contingente, pero para realizar las investigaciones respectivas necesitamos personal que nos brinde seguridad”, dijo públicamente el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Julio César Cossío.

Mientras la Policía se excusaba, ayer el conflicto escribió el capítulo más álgido. Un grupo de campesinos de la Subcentral Pailitas intentó ingresar a sus tierras para tratar de recoger parte de sus pertenencias y poder dialogar con las personas que ocupan por la fuerza sus predios.

Pero este acercamiento no prosperó. Y pasó todo lo contrario, los campesinos fueron recibidos a tiros y reprimidos de forma violenta. En esta pelea, el que se llevó la peor parte fue Mario Zapata Carrillo, un joven campesino que recibió un impacto de bala en el brazo derecho. 

Luego de la refriega fue derivado hasta el hospital de Hardeman, una localidad ubicada a cuatro horas del lugar de los hechos. Su diagnóstico es favorable y su vida no corre peligro.

“Eran más de 100 (personas) y portaban armas”, dijo Zapata cuando era trasladado hasta Hardeman en una ambulancia.

Ariel, compañero de Mario, señaló que los invasores son personas peligrosas y están armados. 

“No quiero pensar que el Gobierno los esté respaldando incluso proveyéndoles armamento. No quiero pensar esto, pero esta gente es peligrosa. Nosotros en forma pacífica nos hemos apersonado al lugar para poder dialogar y recuperar nuestras cosas, pero al momento de llegar nos han respondido con armas de fuego”, relató.

Lugar del conflicto

La subcentral Pailitas, está formada por cinco comunidades: El Chuchial, El Tigre, Las Golondrinas, 24 de Septiembre y Mil Estrellas. El dirigente Wilfredo Suárez, explicó que tiene papeles que demuestran su asentamiento legal. 

Estas comunidades son colindantes al área de Las Londras, donde el año pasado un grupo encabezado por Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza, ejecutaron la toma ilegal de 18.000 hectáreas que después fueron declaradas tierras fiscales no disponibles por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Estas personas -en octubre del año pasado- secuestraron, amenazaron y golpearon a una comitiva conformada por periodistas, policías y trabajadores agrícolas que fueron a verificar el avasallamiento en Las Londras.

Los dos fueron detenidos y procesadas por este hecho. No obstante, el juez Roberto Hurtado, de la provincia Guarayos, los liberó.

Suárez dijo que estas mismas personas fueron identificadas como los cabecillas de la toma de sus tierras en Pailitas.
Incluso los dos campesinos mediante una declaración notariada los identificaron como los responsables del ingreso ilegal a las cinco comunidades campesinas. 

Los campesinos que se mantenían en vigilia desde el fin de semana, en el ingreso a Pailitas, trataron de volver a los predios en disputa, pero no lo lograron por lo que tuvieron que huir antes de que la situación empeore.

Ausencia de Estado

Ante esta situación, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, pidió la intervención de las autoridades nacionales, caso contrario “habrá una matanza entre bolivianos”.

“Nos duele -como dirigente- que las autoridades no actúen. Esto va a ser hasta que los de ‘la Única’ tomen coraje y se animen a meterle bala y habrá una matanza entre los bolivianos”, señalaron desde esa organización. 

Desde la entidad, que agrupa a la Subcentral Pailitas, identificaron como interculturales a los agresores, que cuentan con el aval de la Federación Especial de Interculturales de Productores Agropecuarios de San Julián Norte.

Pero la dirigencia de la Federación Departamental de Interculturales de Santa Cruz, asegura que desconocen a esa organización y anuncian acciones para aclarar.

Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), dijo que al margen de la organización e incluso la filiación política de las víctimas de la toma de estos predios, esta situación deja en evidencia la ausencia del Estado en ese lugar.

“Nosotros, el año pasado nos manifestamos sobre esta situación y lo dijimos que, si no se ponía un alto o mano dura con respecto a este tipo de acciones, iba a agravarse”, dijo Justiniano.

El productor señaló que no es el único problema que ocurre en ese lugar. Recordó que en 2021 un grupo ingresó a los predios de una familia que se dedica a la producción agrícola de apellido Yucra. En esa toma incluso los policías fueron acorralados y amenazadas con armas de fuego por los invasores. 

Lo mismo pasó con una familia en la localidad de San Julián. Y el tercer hecho ocurrió en Las Londras. “Vemos con preocupación cómo la justicia no funciona y después de muchas acciones de la Policía termina liberando a los avasalladores”, dijo.

Agregó que cualquier productor, sin importar su color político tiene una sensación de inseguridad “porque no tenemos una justicia que garantice realizar las actividades productivas y no vela por las vidas de las personas”.

“No existen garantías para la producción y vemos una ausencia de Estado, lo cual ha llevado a este tipo de conflictos que involucran el uso de armas de fuego por parte de civiles, con acciones de carácter criminal”, señaló.

Justiniano reveló que actualmente existen varios afiliados a la CAO que tienen predios avasallados en la provincia Guarayos, por lo que hoy sostendrá una reunión con el INRA para conocer la situación legal de cada uno de los predios tomados.

Mientras que el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, en declaraciones a la red Unitel, sostuvo que el ente agrario no tiene tuición en este conflicto. 

“No tenemos competencia. No podemos afirmar algo que no estamos investigando”, señaló Rojas.

No fue la única autoridad que se desentendió del tema, consultado por los hechos de violencia el director de la Felcc, Julio César Cossío, dijo que hasta ayer en la tarde no recibió ningún reporte oficial sobre el hecho. Esto pese a que un contingente se mantiene a pocos kilómetros del lugar.

Incluso puso en duda las imágenes difundidas por las propias víctimas y dijo que solicitará la intervención del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial. Pero ante la presión mediática, anoche la institución del orden, movilizó a 200 policías que partieron a la zona del conflicto donde la presencia del Estado es nula.