La revisión halló responsables a exdirectivos de la telefónica por la millonaria estafa. Desde la cooperativa indican que todavía se están presentando descargos y que el informe no es el final. Afcoop recuerda mostrar las cifras a los socios

27 de marzo de 2022, 4:00 AM
27 de marzo de 2022, 4:00 AM

Las cifras son frías, duras, claras y sobretodo reveladoras. Documentación a la que accedió EL DEBER revela que la estafa en la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz R.L. (Cotas) ocurrida en 2019 - dentro del programa de fidelización de socios ‘Cotas en Cuotas’ - llega a $us 14,5 millones. Incluso determina que hay responsabilidad penal de ex altos ejecutivos de la institución.

Lo expuesto en el primer párrafo se sustentan en datos de una auditoría externa hecha por una compañía contratada por la cooperativa. EL DEBER accedió al peritaje que revisó los acuerdos comerciales para el suministro de equipos electrónicos, suscritos en las gestiones 2017 y 2018 con los proveedores de ‘Cotas en Cuotas’.

Se analizó la integridad de las operaciones relacionadas con los pedidos de equipos de Cotas R.L. a los proveedores, las entregas realizadas con los proveedores a los socios, usuarios y/o beneficiarios de Cotas, los pagos de proveedores, los saldos de equipos en los almacenes de la cooperativa, las conciliaciones y otros documentos relacionados con el programa”, señala parte del informe de la firma auditora a Cotas.

El documento tiene 45 páginas y fue enviado el 12 de marzo de 2020 a los directivos de Cotas por la empresa Asimco S.R.L. No se sabe si ese es el total de las pérdidas, dado que la operadora contrató a otra compañía para auditar el desarrollo del programa entre los años 2010 y 2016.

Antecedentes

En 2019, Cotas denunció que a través de este programa, que buscaba fidelizar a sus socios, facilitando que ellos compren equipos electrónicos a crédito, un grupo de funcionarios realizó solicitudes ficticias, para después desviar y vender los aparatos en el mercado negro, sin que estos lleguen a los afiliados de la cooperativa.

El programa buscaba generar ganancias por la venta de los equipos a plazo cargando el costo en la factura de los socios.

Cuando el caso salió a la luz, se calculó un daño preliminar de $us 7,7 millones. Luego la Fiscalía abrió un proceso de oficio al que después se adhirió la cooperativa. Se imputó a más de una docena de personas entre ejecutivos de Cotas y particulares. Se espera una fecha para el juicio oral.

Resultados del peritaje

La auditoría revisó los contratos firmados con ocho proveedores, en tres de ellos no se encontró irregularidades, además los montos y cantidad de equipos eran menores a Bs 60.000. Pero sí detectó daño económico en las operaciones con los otros cinco. 

Las compañías observadas son Antelo Service Import Export, Boto SRL, Electrónica de Consumo Sure LTDA, Media Market SRL y Daher Importaciones, Exportaciones y Representaciones, con esta última Cotas tuvo un proceso que culminó en una conciliación, que incluso fue observada por la auditoría, por favorecer a exejecutivos implicados en el daño a la telefónica.

Entre 2017 y 2018 las proveedoras de equipos entregaron dispositivos por un valor de Bs 120,5 millones ($us 17,31 millones). El monto corresponde a solicitudes ficticias y reales.

De ese total, solo Bs 13,7 ($us 2 millones) fueron a parar a los socios de la cooperativa. Mientras que Bs 106,7 millones ($us 15,3) fueron desviados. La Fiscalía calificó este hecho como una asociación delictuosa dentro de la operadora, conformada por ejecutivos de mandos medios y altos.

Los montos más altos se registraron en dos contratos. El primero con Media Market a la que Cotas entregó Bs 41,7 millones ($us 5,9 millones). Incluso la empresa exigía un monto adicional de Bs 1,5 millones ($us 215.517) a la cooperativa.

El segundo fue con Daher. A este proveedor Cotas pagó Bs 29,3 millones ($us 4,2 millones), pero la firma exigía un desembolso adicional de Bs 22,03 millones ($us 3,1 millones). El saldo fue conciliado, estableciendo que Cotas pague Bs 18 millones ($us 2,6 millones).

El informe detalla que Antelo Service Import Export entregó productos por valor de Bs 11,1 millones – lo que equivale a $us 1,5 millones – pero solo Bs 2,4 millones llegaron a los socios. El resto fue desviado. A este proveedor se pagó Bs 7,9 millones.

Mientras que en el contrato con Boto SRL se detectó que se despacharon artículos por Bs 4,4 millones ($us 632,183), solo Bs 1,04 millones llegaron a los usuarios. En la operación, Cotas desembolsó Bs 2,9 millones ($us 416.666).

Las mismas anormalidades se descubrieron con las operaciones con Electrónica de Consumo Sure Ltda., que entregó mercancía por un importe de Bs 9,1 millones. Solo Bs 446.316 llegaron a los socios. pero la cooperativa de telecomunicaciones pagó Bs 6,5 a la firma. 

La empresa auditora sostiene que los funcionarios responsables del programa cambiaron la forma de entrega de los equipos.

Por ejemplo, solo se podía entregar un aparato mediante una solicitud hecha por el socio, usuario o beneficiario. El procedimiento era simple: la persona interesada se dirigía a la cooperativa, pedía un voucher, escogía el equipo de su preferencia y entregaba sus documentos personales.

Este sistema se cambió permitiendo que el Director de Marketing realice solicitudes mediante correo electrónico, incluyendo en un encargo muchos dispositivos.

El peritaje hace notar que para aprobar el pago de las unidades desviadas se realizaba un ajuste contable, pese a que los datos no coincidían con los reportes de las características de los aparatos, sino con el valor de los mismos. La anomalía no fue observada por ningún filtro de la compañía.

Además, existían niveles de autorización de desembolso. Por ejemplo, las transacciones hasta $us 5.000 eran aprobadas por el gerente de Economía y Finanzas, el director de Gestión, el de Contabilidad o el subdirector de Tesorería.

Cuando llegaban a $us 10.000 eran autorizados por el gerente general, el gerente de Economía y Finanzas, el gerente de Administración o Gestión Humana, o el gerente de Innovación Tecnológica, con dos firmas conjuntas o indistintas.

Y si superaban los $us 10.000 los que ordenaban pagar, eran el presidente de Cotas (en ese entonces Iván Uribe), el tesorero del Consejo de Administración (en esa época José Daniel Hurtado, actual presidente de Cotas) y el Gerente General, cargo ocupado por Saúl Antelo Torrico.

“Las acciones irregulares de los funcionarios y exfuncionarios de Cotas RL que participaron en las operaciones y del presidente y tesorero del Consejo de Administración, así como del gerente general, que suscribieron cheques dando curso a los pagos irregulares, también fueron causantes del daño económico de Bs 101,3 millones, equivalentes a $us 14,5 millones”, dice la firma auditora. 

Responsabilidades

El peritaje técnico concluye que hay responsabilidades penales de 11 exfuncionarios y altos ejecutivos de Cotas. En esa lista figura incluso el actual presidente del Consejo de Administración, que antes fue tesorero de la cooperativa, José Daniel Hurtado.

También está Hubert Gil, exdirector de Marketing, Javier Vaca Díez, exgerente de Comercialización, Saúl Antelo, exgerente general, el expresidente de la institución, Iván Uribe, entre otros.

Según la auditoría, “realizaron conciliaciones adulteradas y manipularon los sistemas informáticos de la empresa para dar curso al pago, contabilizando mañosamente para ocultar cifras contables y firmando los cheques que dieron curso al pago irregular”.

Cotas afirma que aún faltan los descargos de estas personas.

Las importadoras no quedan al margen. Las cinco empresas proveedoras “actuaron al margen de lo establecido en los contratos suscritos con Cotas” dentro del programa, contribuyendo “al daño económico expuesto en el informe de auditoría”.

La cooperativa no desmintió el contenido del peritaje y dijo que los informes de ambas auditorías (incluyendo la de 2010-2016) fueron presentados a la Gerencia de Auditoría Interna de Cotas que validó la información y después la remitió a la Autoridad de Regulación en Cooperativas (Afcoop) para su revisión y firma conjunta del acta de conformidad, como lo prevén las especificaciones técnicas del órgano regulador.

A fines de 2020, se esperaba la devolución de la Afcoop de los informes y papeles de trabajo. Pero, esto no ocurrió por otro cambio de gobierno a nivel nacional que implicó el relevo de funcionarios del ente regulador”, indicaron.

En un comunicado añaden que el 3 de marzo se enviaron a Cotas los informes, incluyendo los papeles de trabajo. “Como corresponde, el Consejo de Administración ha derivado toda esta documentación al Consejo de Vigilancia para que se coordinen los trabajos correspondientes a la etapa final del proceso”, dicen.

Cotas agrega que deben realizarse los descargos correspondientes y, en función a ello, las empresas auditoras independientes formularán sus conclusiones finales. Y una vez culminado este proceso recién se informará a los socios. Sobre el proceso penal, señalaron que sigue su curso y que se espera una fecha para el juicio.

Sin embargo, una carta enviada por la Afcoop a Cotas el 22 de febrero de este año señala que ya devolvió la documentación. Además, conmina a la cooperativa divulgar el resultado de la auditoría a sus socios como corresponde a norma.