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Blanca Méndez tiene 65 años, hace 40 es socia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas). Ella y Sara Ayala, otra mujer de la tercera edad, son la cara visible de un movimiento promovido por socios de la entidad molestos e indignados con la administración de la operadora. Ambas reúnen firmas para llevar adelante un proceso judicial contra, según sus palabras, “una logia que tiene el control de la empresa”. Las dos dicen que se cansaron de ver que nadie haga nada, después de que se revelara el daño económico que sufrió la cooperativa por el programa Cotas en Cuotas. Afirman que no están solas, que de a poco la gente “está despertando de un largo letargo”. Dicen que incluso la estafa agravada que sufrió la empresa es mayor. 

Documentos a los que accedió EL DEBER también abren la posibilidad de que la cifra de la estafa sea mayor. Dos auditorías sostienen que el perjuicio — que se hizo público en 2019— se estima en $us 22,4 millones. Y ambas apuntan a exdirectivos, y actuales, como los responsables del hecho. 

Sin embargo, desde Cotas indicaron que los resultados de las dos auditorías “son endebles porque tienen un alto porcentaje de presunción”, que carece de peso en materia penal y para una futura reparación material. “Son auditorías que tienen un efecto pirotécnico, pero no son consistentes para el punto de vista legal y no sirven para la reparación del daño. Son endebles porque tienen un alto porcentaje de presunción, dicen que se proyecta que el daño fue así. Las hicieron a mano alzada porque no había respaldos, documentos que brinden certeza a esas cifras”, aseguró Octavio Gutiérrez, abogado externo de Cotas. 

El representante de la operadora dice que sugirió que “las auditorías deben ser vistas con lupa”.

Gutiérrez indicó que pronto se iniciará el juicio oral y esperan recuperar los recursos de Cotas en tres años porque se deben cumplir etapas.
Un auditor -que pidió la reserva de su nombre- dijo que efectivamente se pueden hacer estimaciones porque básicamente es lo mismo que un presupuesto. “En este caso se hacen estimaciones, pero no es un documento fehaciente. El auditor debe tener papeles para brindar una certeza. Se precisa la evidencia”, afirmó.

Estas dos autorías fueron realizadas por orden de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) después de conocerse la estafa. Inicialmente, la operadora calculó que el daño llegaba a $us 7,5 millones. Pero el ente regulador estableció que se debía revisar todo el programa Cotas en Cuotas que comenzó a implementarse en 2010.

Esta iniciativa surgió como una forma de fidelizar a los socios. Consistía en que los usuarios de la cooperativa accedan a equipos relacionados a los servicios que da la empresa. Estos artículos eran adquiridos a crédito y el pago se endosaba a la factura mensual que pagaba la cooperativa.
Pero exfuncionarios realizaban solicitudes ficticias, desviando los artículos al mercado negro, pese a que Cotas pagaba por ellos. El caso salió a la luz pública en febrero de 2019. Después la Fiscalía acusó a exfuncionarios y a los principales ejecutivos de la empresa.

Auditorías

El 27 de marzo EL DEBER publicó un reporte donde se exponen los resultados de la auditoría de este programa de las gestiones 2017-2018. En este informe, que fue realizado por la empresa Asimco S.R.L, determinó que el daño llegó a los $us 14,5 millones, lo que equivale a Bs 115,5 millones. 

El resultado corresponde a desembolsos irregulares realizados a cinco empresas: Antelo Service Import Export, Boto SRL, Electrónica de Consumo Sure LTDA, Media Market SRL y Daher Importaciones, Exportaciones y Representaciones. Además, este documento establece responsabilidades penales de 11 exfuncionarios y altos ejecutivos de Cotas. En esa lista figura, incluso, el actual presidente del Consejo de Administración que antes fue tesorero de la cooperativa, José Daniel Hurtado. 

Sin embargo, el abogado Gutiérrez precisó que luego de las investigaciones la Fiscalía desestimó a varios acusados en la primera etapa y solo quedaron imputados Hubert Alcides Gil Antelo, Widen Vaca Parada, Luz Marina Soliz Gutiérrez y Orlando Cabrera Senzano. Se los acusa de estafa agravada, uso de instrumentos falsificados, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas.

Resultados 2010-2016

EL DEBER tuvo acceso al estudio realizado por la empresa Sidecaf que revisó los contratos con 10 proveedores. En este trabajo la firma auditora analizó la integridad de las operaciones relacionadas con los pedidos de equipos de Cotas a los proveedores, las entregas realizadas por los proveedores a los socios de la cooperativa, los pagos a los proveedores, los saldos de equipos en los almacenes de la institución. Además de las conciliaciones entre las gestiones 2010 a 2016.

La auditoría fue entregada el 12 de marzo de 2020 a Cotas. El informe observó que no recibió la documentación del proceso de selección de los proveedores del programa por parte de la cooperativa. “Corresponde informar que no se nos proporcionó la documentación relacionada con los procedimientos aplicados para seleccionar las empresas proveedoras de equipos, constituyendo una limitación al alcance de la auditoría”, dice el informe. El documento detalla incumplimientos en los procedimientos de ventas. Incluso, expone que existen responsabilidades tanto en mandos medios y altos de la cooperativa. 

“Existen indicios de responsabilidad civil solidaria en el importe total de Bs 54.710.389 equivalente a $us 7.860.688,07, de los funcionarios y ex funcionarios de Cotas R.L. que participaron en las operaciones irregulares, así como del gerente general, del presidente y del tesorero del Consejo de Administración por falta de control y por firmar los cheques dando curso a los pagos irregulares”, sostiene el documento. En su diagnóstico la empresa auditora dice que “la ausencia de controles de parte de los ejecutivos involucrados en las operaciones y de la gerencia general, posibilitó el hecho irregular”. Esto pese a que de acuerdo al “estatuto de Cotas estaban obligados a custodiar y preservar los bienes” de la cooperativa.

“Finalmente, la firma de los cheques a favor de los proveedores por los miembros del Consejo de Administración y de los ejecutivos de Cotas, dio margen a que se paguen montos importantes”, sostiene la auditoría, al dejar en claro la responsabilidad de los directivos de la empresa.

La auditoría señala que “de no haber incumplido alguna de las partes los términos contractualmente pactados en el contrato, no hubiera sido posible que se produzca el daño económico”.

En descargo de Cotas, Gutiérrez dijo que la Fiscalía hizo una auditoría de la actuación criminal y liberó de culpa los directivos.
“Cualquier auditoría no tiene ningún efecto en el aspecto penal, el programa Cotas en Cuotas tiene participación negligente, pero son responsabilidades que no están en el campo penal, porque se sanciona el acto doloso, conocimiento y voluntad del robo, de la estafa”, dijo el abogado externo.

Agregó que el Ministerio Público determinó que no tenían responsabilidad penal, y fueron sobreseídos en el proceso; “es decir, no se encontró culpables de los delitos, por lo que hay cuatro procesados en este momento”.

El informe de Sidecaf SRL aclara que en las gestiones que revisó se realizaron auditorías internas y externas que omitieron el daño económico y que esas responsabilidades recaen directamente sobre el presidente la institución y el tesorero, porque los dos aprobaron los desembolsos. “Las auditorías internas y externas realizadas sin observaciones indujeron a los consejeros de Vigilancia y de Administración, exceptuando al presidente y tesorero del Consejo de Administración que firmaron todos los pagos realizados, a incurrir en error lo cual no los hace responsables como lo establece el artículo 16 del Código Penal”, señala la auditoría.
En ese año el presidente de Cotas era Iván Uribe y el tesorero José Daniel Hurtado, actual presidente de la cooperativa, que incluso acaba de ser reelecto en el cargo. 

Uribe fue sobreseído y dijo que no volvería a hablar más del caso.
Desde Cotas insistieron en defender a Uribe y al actual presidente. “Las personas que firmaron cheques y participaron no tienen responsabilidad penal, porque el Ministerio Publico los sacó del caso”, señaló Gutiérrez.

A lo mucho, según el jurista, ellos tuvieron una responsabilidad administrativa, a la que calificó de negligente, pero no penal. “Lo más que se le puede sancionar es que dejen el cargo. Y toda esa gente ya no está en Cotas”, agregó el abogado.

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