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“La crisis de salud no ha acabado y la economía continúa precarizándose aún más. La estabilidad de las empresas depende de la liquidez, la capacidad de gasto, la demanda y la producción, todas estas variables han caído a niveles extremos”. Así, con esa contundencia, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, aclaró que en las actuales condiciones no existe la posibilidad de un incremento salarial este año.

La semana pasada, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó que la organización sindical de los trabajadores se mantiene firme en la demanda que incluye el pliego petitorio que contempla el incremento salarial de un 5%, tanto al salario básico como al salario mínimo nacional, para la presente gestión. Hizo notar que el porcentaje fue definido tomando en cuenta la crisis por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con Barbery, cada 1% que se aumente al salario mínimo nacional o al haber básico significan $us 47 y 54 millones adicionales en el sector público y privado, respectivamente. Insinuó que ni el Estado ni las empresas privadas formales pueden sostener este gasto. “En las actuales circunstancias necesitamos garantizar las fuentes de trabajo y toca pensar en la sobrevivencia de las empresas, los negocios y los emprendimientos que son los que generan el empleo. Si se los presiona más, sencillamente van a cerrar, y el colapso de los sectores privados va a significar un aumento exponencial del desempleo y la pobreza”, puntualizó.

Barbery alude que la dirigencia de la COB debe entender que no está en debate la voluntad de los empleadores o el cálculo político, sino la situación de miles o millones de personas y familias que pueden quedarse sin fuente de ingresos. En este momento, dijo que las empresas formales están sometidas a un aumento irracional en la presión impositiva, la falta de liquidez y la caída de la demanda.

“Si a esa situación le añadimos más presión por el lado del aumento de salarios, un colapso general será inevitable, afectando primero a las mypes, a las medianas empresas y al sector industrial. La desocupación, el empleo precario, la informalidad y el comercio de supervivencia aumentarán de manera incontrolable, al igual que la pobreza y la conflictividad”, apuntó Barbery.

Con cifras oficiales, afirmó que hasta noviembre de 2020, el desempleo abierto era del 8,7%, la tasa más alta en casi 20 años. En cifras brutas, ese porcentaje del 8,7% significa 407.000 desocupados.

A decir del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo, el objetivo principal de la mayoría de las empresas privadas es salvar los empleos formales que garantizan un trabajo digno.

Mencionó que todas las empresas están siendo duramente golpeadas por la pandemia, el contrabando, la informalidad y la ausencia de incentivos fiscales para enfrentar y superar está realidad adversa. “Muchos sectores como el turismo, la gastronomía y la industria, por mencionar algunos, están en modo supervivencia y cualquier incremento en sus costos podría significar un cierre definitivo”, expresó Antelo.

Cierre de industrias

La Cámara Nacional de Industrias (CNI), a través de su presidente Ibo Blazicevic, considera apropiado congelar el ajuste salarial 2021 para evitar una mayor desindustrialización y mantener las fuentes de empleo formal y productivas, impactados por la pandemia.

Aduce que la tasa de crecimiento del PIB industrial en 2020 decreció -11%, las ventas (ingresos) un -12%, las exportaciones un 16% y las utilidades un 84%; producto del descenso en las ventas en el mercado interno y externo en el contexto de la pandemia, la competencia desleal y ascendente del contrabando que supera los $us 2.300 millones anuales, los costos salariales y a la seguridad social, entre otros factores.

“Un incremento salarial en 2021 impulsará un mayor cierre de industrias, pérdida de empleos y caída de impuestos”, dijo Blazicevic.

Para el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Gustavo Jáuregui, es inoportuno hablar sobre un posible incremento salarial, dada la coyuntura que atraviesa el país.

Bajo la actual coyuntura de crisis económica, a juzgar por Jáuregui, será importante abordar, en un diálogo tripartito (Gobierno, sector empleador y trabajadores), la problemática estructural relacionada con la reactivación del empleo, que, según el análisis previo sectorial, requiere generar nuevas regulaciones tendientes a incentivar la sostenibilidad de las fuentes laborales actuales y nuevas.

“Se debe generar una política salarial en el país, basada en la productividad de las actividades económicas a escala sectorial y regional, en procura de hacer nuestro mercado más productivo con respecto a la región y el mundo”, puntualizó Jáuregui.

Cierre de industrias

Según el secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype-Bolivia), Juan Carlos Vargas, de acuerdo con un análisis que se hizo de la coyuntura económica de las mypes, ninguna está en condiciones de asumir el incremento salarial que insinúa la COB.

El sector propone una articulación de los tres niveles de Gobierno para exigir la ejecución de planes y programas que lleven a la reactivación del mercado interno. “El virus de Covid-19 sigue dejando a cientos de unidades productivas sin la posibilidad de reaccionar y al parecer están destinados aún al cierre, que esperamos sea temporal”, exclamó Vargas.

La pasada semana, tras reunirse con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, y ministros de Estado, Huarachi explicó que se conformaron cuatro comisiones de trabajo (económica, social, productiva y de normas legales y decretos) para definir los planteamientos sectoriales.

En 2019, el Gobierno y los trabajadores acordaron un incremento del 3% al Salario Mínimo Nacional y un 4% al básico. En 2020, no hubo reajuste salarial debido a la pandemia mundial del coronavirus que afectó a la economía.

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