Escucha esta nota aquí

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), a través de un pronunciamiento institucional, rechaza la acción popular activada por organizaciones agroecológicas y activistas que pretender vetar el uso de la biotecnología en campos de producción del país, y todas las propuestas que van en contra de la modernización y progreso y que frenan el desarrollo de los diferentes sectores económicos.

La organización empresarial aduce que todos los países que desarrollan actividades agroindustriales similares a las de Bolivia trabajan y generan mejoras para incrementar la productividad y competitividad de sus semillas y cultivos. Detalla que, a través de estas acciones, generan seguridad alimentaria interna y posibilidades de exportación, beneficiando así a productores, consumidores y la economía en general.

La Cainco cree que es fundamental establecer medidas para aumentar la productividad en todos los sectores en Bolivia, incluyendo el sector agrícola, que generaría empleos, abastecimiento del consumo interno y reales posibilidades de mayores exportaciones para el país. Para ello, cree que es fundamental la implementación de tecnología para la utilización de organismos genéticamente modificados.

“Hoy más que nunca, por la difícil situación que atraviesa nuestro país, se deben fomentar normativas y actividades que incrementen la productividad y competitividad”, relievan desde la organización empresarial cruceña.

Asimismo, lamentan que la acción popular se sustente en desinformar sobre el trabajo científico que existe a escala mundial sobre la agrobiotecnología y el uso de semillas con esas características, estudios que avalan y han comprobado que no producen daño ni representan un riesgo para la salud de las personas.

“Todo lo contrario, ofrecen un equilibrio con el medioambiente al aumentar la productividad y, al mismo tiempo, reducen el uso de plaguicidas”, argumentan desde Cainco, al subrayar que son respetuosos de la Ley y que, por ello, esperan y confían que el Tribunal analice y evalúe los fundamentos legales, técnicos y económicos, sin presiones sociales ni políticas.

Los demandantes se oponen al DS 4232, aprobado el 7 de mayo de 2020, por el actual Gobierno, que de manera excepcional autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.