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Los fabricantes de cemento que operan en el país alientan la urgencia de ‘pisar el acelerador’ en la ejecución de proyectos de inversión pública para reactivar al sector. En el Presupuesto General del Estado (PGE-202), el Gobierno programó una inversión pública por valor de $us 4.011 millones, distribuidos en $us 1.452 millones en infraestructura, $us 1.399 millones para el sector productivo, $us 998 millones para el sector social y $us 162 millones para el sector multisectorial.

Para el gerente general de la compañía Itacamba, Alexander Capela, las inversiones públicas en todos los sectores son determinantes para la reactivación de la economía. “Confiamos en que el Gobierno, con el incremento de la inversión pública, reactive nuestro sector. Bolivia necesita inversión en infraestructura, y el sector privado condiciones”, expresó, al anotar que el incremento de la inversión pública exige, además, condiciones legales, comerciales y agilidad administrativa para dinamizar la economía.

A juzgar por el ejecutivo de Itacamba, la construcción es el sector de mayor demanda de mano de obra del país, abarcando todo el espectro de calificaciones, desde trabajos básicos, ayudantes de albañilería, albañiles, maestros, trasporte hasta mano de obra altamente calificada. Asimismo, dijo que representa más del 3% del PIB, habiendo llegado en su mejor momento al 10%. “Es estratégico para la reactivación económica del país y de nuestro sector. Confiamos en que estos indicadores puedan mejorar este 2021”, puntualizó.

Para el gerente general de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Juan Mario Ríos, el presupuesto de inversión pública aprobado para 2021 es importante, pero lo que se necesita es agilizar su ejecución. “Si bien se reiniciaron proyectos como el tren metropolitano de Cochabamba, aún existe iliquidez entre las empresas constructoras, lo que no deja que se genere la dinámica que se necesita para la recuperación”, precisó.

A su modo de ver, el impulso a obras de infraestructura en general es clave para reactivar la construcción, que es uno de los motores fundamentales para la economía del país. “El pavimento rígido para la construcción de vías es una de las opciones más concretas para emplear la oferta de cemento nacional, e impulsar alternativas de esta índole impactarían positivamente en la industria del cemento y el sector de la construcción”, dijo.

Dio cuenta de que a inicios de 2020 se sintieron los efectos de la crisis social y política generada a finales de 2019 que resintió la economía y lo acontecido en 2020, por la pandemia de Covid-19, generó una situación singular; cuyas consecuencias están presentes en los dos primeros meses de este año.

Desde la perspectiva del gerente de comercialización de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), Raúl Gutiérrez Gantier, es necesario que las entidades públicas comiencen a generar proyectos de construcción que permitan la reactivación del sector de la construcción y, por ende, el sector cementero.

Según Gutiérrez, el balance de los meses transcurridos este año es negativo, ya que la pandemia del coronavirus ha provocado una desaceleración en la economía nacional y una paralización del sector de la construcción. La carencia de fierro de construcción también ha provocado una dificultad en la comercialización del cemento.
“Se debe remarcar la nula inversión pública en el sector de la construcción en los dos primeros meses de este año”, insinuó.

Balance sectorial

Luis Bustillos, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), expone que la inversión pública aprobada para el presente año en el sector de infraestructura es de $us 1.452 millones, un 10% menor a la gestión pasada.

“Esperamos poder conocer los proyectos que se van a ejecutar en el país para generar trabajo a las empresas constructoras y, por ende, empleo. A la fecha las instituciones del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) están en proceso de ajuste y aprobación de sus Programas Operativos Anuales (POA). Prevemos conocer este mes sus planes anuales de contratación y convocatorias que se van a emitir”, anotó Bustillos.

Para el titular de la Caboco, es importante que el Estado (entidad contratante) y las ETA inicien el desembolso de todas aquellas planillas de avance de obra que no pagaron desde 2016 y que no permite a las empresas tener liquidez para continuar los trabajos. “A la fecha, las medidas en inversión pública no están siendo implementadas y las otras medidas económicas no llegan a reactivar al sector”, expresó Bustillos.

En diciembre de 2020, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que el monto de inversión pública es el adecuado para reactivar la economía y fortalecer el mercado interno en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

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