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Hay desazón en el sector avicultor. El último reporte saca a la luz que 600 cesaron su operación, son el 50% de los pequeños y medianos productores en el país, según la Asociación de Avicultores de Pollos Parrilleros (Avipar). Decidieron 'tirar la toalla' en un negocio que paga Bs 3,50 por kilo de pollo vivo y que en la actual coyuntura exige un costo de producción de Bs 8 por el mismo volumen. 

En un contacto con EL DEBER, Winston Ortiz, presidente de Avipar, lamentó esta situación. El sector exige el soporte estatal en cinco ejes que fueron plasmados en un pliego petitorio. Entre estas demandas exponen la necesidad de ampliar bajo instrucción nacional las actividades de mercados y sectores que demanden carne de pollo y huevos, tales como la gastronomía.

También demandan un libre abastecimiento de insumos para producción avícola mediante la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), a las industrias que producen alimentos para animales como maíz, sorgo y derivados de soya), al igual que el cumplimiento de las normativas para la libre exportación (con garantías de abastecimiento). 

El ejecutivo señaló que el hecho de tener dificultades para acceder a créditos productivos y el temor latente por la emergencia sanitaria también lleva a pedir asistencia y reactivación productiva por medio de la creación de créditos especiales o un fondo avícola, para dar soporte a este nicho sectorial que produce el 45% de la carne de pollo que se consume en Bolivia.

"Para criar 6.000 pollitos se necesitan Bs 120.000 y hoy el capital está perdido, hay temor por los créditos expuestos por la banca. La situación es tan incierta que podríamos perder ese dinero y eso significaría ponerse la soga al cuello", sostuvo Ortiz en su aflicción, por eso también urge una planificación avícola nacional.

Para conseguir estos planes de desarrollo, los actores del sector enviaron solicitudes a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural y Tierras, pero hasta ahora no han tenido respuesta, según la explicación de Ortiz. No solo se busca salvar a centros productivos, sino también dar garantías a la seguridad alimentaria.

"Nuestra cultura es y será siempre la productiva; sin embargo, de no ser atendidos con la inmediatez requerida y en un plazo no mayor a 72 horas, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas a nivel nacional", sostuvo el dirigente.

Vale recordar que la presidenta Jeanine Añez dio la instrucción de recoger las solicitudes de los sectores para buscar salidas o alternativas que viabilicen la reactivación de la economía de las empresas y que la prioridad deben ser las micro, pequeñas y medianas. Se buscó la palabra de los máximos ejecutivos de las carteras de Estado mencionadas, pero hasta ahora no hay respuesta.

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