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Las empresas constructoras de Santa Cruz plantean un plan de emergencia para preservar la estructura productiva sectorial en la coyuntura de emergencia sanitaria, que forzó al Gobierno a imponer medidas preventivas y de contingencia para evitar la propagación del virus en el territorio nacional.

En un comunicado, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) afirma que la cuarentena provoca efectos sobre el funcionamiento de la economía por la disminución radical de la actividad. “La situación de recesión se agravará a medida que las decisiones de confinamiento se mantengan en el tiempo, lo que parece inevitable, y que obligará al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias de apoyo para evitar el colapso del sector real de la economía”, apuntan.

Cadecocruz cree que la orientación debe estar dirigida a proteger y sostener el tejido empresarial nacional en mejores condiciones para que en el momento de salir de la emergencia sanitaria la economía alcance un nivel óptimo de crecimiento en el tiempo más breve posible.

Desde la organización empresarial ven que es necesario activar un plan de emergencia a fin de preservar la estructura productiva del sector fortaleciendo las empresas y mejorando la situación patrimonial y flujos de caja, esto para que se mantenga la escala de empleos y una vez se sortee la emergencia sanitaria se trace un plan masivo de inversión pública centrado en proyectos de corta duración y alta generación de empleo que permita la distribución masiva de recursos en la economía y ‘traccione’ la recuperación de la economía.

La Cadecrocruz cree que las medidas extraordinarias que adopte el Gobierno deben ser agresivas en materia de postergaciones de recaudaciones tributarias como de inyectar recursos a la economía. En ese contexto, plantean fortalecer patrimonialmente a las empresas de la construcción mediante el pago de las planillas de avance de obra existentes para otorgarles liquidez.

En materia tributaria, creen que se debe postergar el pago del IUE de 2019 hasta el 31 de diciembre del presente año con descuentos a los que lo hagan antes de esa fecha, y postergar las liquidaciones y presentaciones de formularios del IVA e IT de los meses de marzo a agosto hasta el 30 de septiembre de 2020 para permitir a las empresas tener un mejor flujo de caja hasta volver a generar ingresos en el proceso de recuperación.

Además, proponen el diferimento del pago de las cuotas de los créditos asumidos con el sistema de intermediación financiera que se debían abonar entre marzo y julio, para que se trasladen al final del plazo del crédito establecido en el contrato sin afectar la calificación del cliente.

Otra acción que demandan es la ‘moderación’ en los costos productivos, es decir, que el incremento salarial de este año sea el 1,47%, equivalente a la inflación de 2019, para que los trabajadores tampoco pierdan poder adquisitivo.

Plantean implementar una línea de liquidez a gobernaciones y alcaldías para que suplan la disminución de ingresos y les permita tener las condiciones de seguir manteniendo la prestación de servicios públicos y generando trabajo mediante su programa de inversión.

Una vez superada la emergencia sanitaria, Cadecocruz cree que se debe poner en marcha un plan masivo de inversión pública que se enfoque en proyectos de corta duración y elevada contratación de mano de obra llevado adelante por las empresas privadas, que permita generar un shock de demanda con la distribución de salarios y consumo de insumos que arrastre al resto de la economía que sea financiado mediante un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB) al Tesoro General de la Nación (TGN) por Bs 10.000 millones a ser pagado a 20 años plazo y sin intereses.

Como se recordará, hace dos semanas, la presidenta Jeanine Áñez dispuso la creación del 'Bono familia' de Bs 500 por hijo que estudie en el nivel primario en una escuela fiscal, que las familias y pequeñas empresas no pagarán dos meses del capital de su deuda, que el pago del impuesto a las utilidades se lo hará en mayo y en plazos y prohibió contundentemente cortar los servicios de agua, energía eléctrica y gas mientras dure la cuarentena y la crisis de salud.

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