El grupo de afectados pide proceder conforme con lo dispuesto en la legislación venezolana y honrar el compromiso de pagar cuanto se les adeuda como consecuencia del despido injustificado del que han sido objeto, violatorio del decreto de inamovilidad laboral

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29 de junio de 2022, 13:56 PM
29 de junio de 2022, 13:56 PM

Un grupo de exfuncionarios de carrera del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), citado en El Nacional, alertó a sus Estados miembros sobre el accionar del secretario permanente, el boliviano Walter Clarems Endara Vera -en funciones desde hace casi un año-, por forzar semanas atrás su renuncia no voluntaria y contraria a derecho, conforme lo establece la legislación venezolana en sus normas de orden público por las cuales se debe regir el organismo con sede en Caracas.

“Forzar a los trabajadores a renunciar cuando está vigente en Venezuela un decreto que establece la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2022, es contrario a derecho. Pero además se quebrantó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) en su artículo 80 sobre el despido sin alguna razón que lo justifique, y en su artículo 92, que establece un pago doble al personal a retirar. Lo que se hizo a los afectados constituye un acto de despido ilegal e injustificado”, afirmó el abogado laboralista Gerardo Alí Poveda, consultor externo de OIT, en la nota reproducida por el medio venezolano.

Según el jurista, Endara diseñó una estrategia en que, sin previo aviso, bajo violencia moral y económica compelió a renunciar a un grupo de trabajadores, en una situación que no respeta la letra ni el espíritu de la legislación laboral venezolana; así como a los convenios fundamentales y prioritarios ratificados por el país sede del SELA, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concretamente al número 158 y la Recomendación (núm. 166); al Convenio 122 sobre la política del empleo, específicamente en el Capítulo II, relativo a los Principios, artículos 3 y 45.

Hizo notar que el diseño, el método y los fines perseguidos por el secretario permanente contraviene los criterios del clima laboral que señala el Convenio 142 de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos, y se amoldan más bien a un modelo hasta ahora desconocido en el SELA.

Asimismo, el consultor de la OIT expresó que la decisión asoma en un momento en el que la credibilidad y el apoyo ciudadano a las organizaciones internacionales se resiente, “estas tienen el enorme desafío de mostrar su importancia en la vida de los ciudadanos y los logros que sus acciones representan para las naciones. Nada justifica que el representante de un mecanismo de integración conformado por 24 países de América Latina y el Caribe (ALC) ejerza de manera abusiva, desmedida y arbitraria el poder que transitoriamente le confiaron los Estados asociados”, subrayó.

El grupo de afectados ha enviado una comunicación solicitando al secretario permanente del SELA proceder conforme a lo dispuesto en la legislación venezolana y honrar el compromiso de pagar cuanto se les adeuda como consecuencia del despido injustificado del que han sido objeto, violatorio del decreto de inamovilidad laboral. A la fecha no han recibido respuesta.

La denuncia también se elevó a la OIT y las Naciones Unidas en Venezuela.

EL DEBER se puso en contacto con Endara hoy temprano para conocer su versión de la denuncia, pero no contestó hasta hoy a las 13:54 pm (hora boliviana).