"Ubíquese". Samuel Doria Medina, empresario y compañero de fórmula de Jeanine Áñez para las elecciones presidenciales (Juntos), usó este término para manifestar su disconformidad respecto a la instructiva emitida por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) de calificar al Covid-19 como un accidente de trabajo en caso de que el trabajador contraiga la enfermedad con ocasión o como consecuencia del trabajo.

"Hay cada despistado en nuestro país. Empresas en terapia intensiva económica y un doctor que no sabe nada de economía (en Asuss) quiere cargarle a las empresas el costo del coronavirus como accidente de trabajo. Ubíquese", escribió Doria Medina en su cuenta en Twitter.

La instructiva nace de la estatal Asuss, ligada al área de salud y especializada en regular, controlar, fiscalizar y acreditar a los entes gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo (incluye cajas de salud). 

La entidad hasta la fecha guarda silencio y no ha atendido los contactos realizados por EL DEBER para conocer los criterios técnicos y jurídicos de esta medida.

El pedido de revisión de la norma ya viene siendo realizado por entidades como la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cinco), instituciones a las que se suman otras como la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio (Asosur).

"Es técnicamente imposible determinar si el contagio de una persona con Covid-19 se produjo durante la jornada laboral o fuera de ella, más aun considerando que hay enfermos asintomáticos o que el periodo de incubación del virus es variable dependiendo del metabolismo, motivos por los cuales resulta un despropósito calificar esta situación como un accidente de trabajo, toda vez que cualquier determinación sobre el tema se torna subjetiva y discrecional, generando además inseguridad jurídica en nuestro sector", expresó Gustavo Rivero, presidente de Asosur Nacional.

En reunión realizada el día miércoles 20 de mayo con los ministros del área económica y el alcalde paceño, Luis Revilla, la Federación de Empresarios Privados de La Paz expuso que hoy más que nunca el empresariado requiere de la cobertura del Gobierno para sobrellevar las presiones laborales, impositivas, económicas y sociales frente a posibles demandas por contagio o muerte por Covid-19 de uno de sus trabajadores.

"Se ha planteado la necesidad de contar con una disposición legal que proteja al empleador frente a posibles demandas irracionales de empleados o sus familiares por afectaciones o defunciones por coronavirus, dado que se trata de una pandemia y a pesar de todos los protocolos de bioseguridad implementados, es casi imposible impedir la transmisión de la enfermedad y mucho menos determinar el lugar de contagio de una persona", expresó el máximo dirigente de los empresarios paceños, Jaime Ascarrunz.

Al sector privado le preocupa también el pago de hasta 24 salarios para un trabajador que muera por Covid-19, por parte del empresario y no así por el Gobierno, en un momento en el que urge la reactivación de la economía.