Economistas plantean medidas anticíclicas para fortalecer al país ante la crisis

La doble crisis que envuelve al mundo (sanitaria y económica) lleva a distintos actores a definir estrategias y programar nuevos horizontes para mitigar sus efectos. Nuestro país no es la excepción. Desde el Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb) definieron 12 ejes, a modo de sugerencia hacia el Gobierno, para oxigenar a las empresas y a la ciudadanía en general, de acuerdo con el presidente del ente, Jorge Akamine.

En primera instancia, se sugiere la suspensión de los pagos por vencimientos de préstamos bancarios de todo tipo, que estén en el marco del periodo de aislamiento obligatorio y hasta un lapso de cuatro meses posteriores, para permitir la recuperación. Esta situación aplica para todos los créditos del sistema financiero de personas jurídicas o naturales pues se considera que es fundamental mantener la actividad productiva en movimiento para poder salir de la crisis.

Como segunda instancia, sugieren que en los periodos citados, se disponga la suspensión de los procesos de cobranza administrativos y judiciales dispuestos para la recuperación de aportes a la Seguridad Social, Provivienda SA, Impuestos Nacionales, Impuestos Municipales, Aduana y otros, instaurados en contra de los distintos empleadores que hubiesen incurrido en mora.

"Consideramos que será muy útil eximir a los empleadores del pago de aportes patronales a la seguridad social de corto y largo plazo durante el tiempo que dure la cuarentena, toda vez que se trata de un periodo especial inactivo en la unidad productiva y de suspensión de los servicios de salud dado el confinamiento obligatorio en los hogares", reza el tercer eje expuesto por el Coneb.

Además, apuntan a que la paralización a la que están obligados empleadores y trabajadores en pro de precautelar la salud general, pueda ser aplicado a vacaciones colectivas o individuales, evitando que la carga repose única y exclusivamente sobre el empleador. Ésta sería la cuarta medida.

El quinto punto se enfoca en la preservación de empleos. Para ello, los economistas demandan que se disponga el congelamiento del salario
mínimo nacional y el haber básico para la presente gestión, en tanto se mantenga la situación de crisis.

En sexto lugar, el Coneb propone que, como medida de alivia directo a las empresas, el Gobierno se haga cargo del 50% del salario del trabajador que pertenezca al colectivo de mayor riesgo a la exposición del coronavirus. 

La siguiente medida es que se apunta la creación de un fondo que posibilite a la empresa pública y privada llevar adelante un cambio de orientación hacia el teletrabajo, precautelando así la preservación y generación de empleo (medida inmediata).

Por otro lado, lo expuesto al Gobierno para apoyar al colectivo de adultos mayores apunta al pago del 50% del aguinaldo de Navidad para los jubilados y que sea pagadero en el mes de abril de 2020.

Para evitar el agio y la especulación de precios, manifiestan que durante la cuarentena se dé el libre tránsito de alimentos y artículos de primera necesidad, cerrando la medida con un control de precios implementado por los municipios a fin de garantizar el precio justo para la población.

Con el propósito de incentivar a las entidades del sistema financiero a colocar sus excedentes se sugiere suspender (hasta finales de junio de este año) la posibilidad de distribuir utilidades. "La medida, al igual que el diferimento del pago del Impuesto a las Utilidades de Empresas, tendrá un efecto positivo en el circuito económico", reza el documento dirigido a la presidenta Jeanine Áñez.

También los profesionales perfilan que la Aduana Nacional libere el arancel de importación a todos aquellos bienes relacionados con la emergencia sanitaria, con el propósito de cubrir la demanda extraordinaria existente nivelándose naturalmente los precios (aunque esto ya fue parte de los anuncios del sector público).

Por último, desde el Coneb observan que el sistema sanitario boliviano debe ser fortalecido tanto para afrontar la actual emergencia nacional provocada por el coronavirus, como para superar cualquier otra emergencia que a futuro se presente. Para el efecto, se propone destinar de forma extraordinaria anualmente un 2,5% adicional del Presupuesto General de la Nación para fortalecer el sector durante los siguientes dos años. Por otra parte, se debe impulsar la automatización y modernización de los procesos administrativos del Estado, según Akamine.

"No se trata solo de dictar medidas sanitarias oportunas para controlar la pandemia, sino también de velar por resolver la crisis económica ocasionada por los efectos simultáneos sobre la oferta y la demanda generados por la rápida e intensa caída de la actividad, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los negocios y empleos durante un periodo de tiempo aún difícil de determinar. Las empresas necesitan disponibilidad de financiación para superar esta etapa y flexibilidad para mantener sus plantillas. No podemos permitirnos una crisis de liquidez y solvencia que se transmita a todo el sistema productivo", resolvieron los economistas.