El contrabando reduce compra de uva un 35% y evade impuestos por $us 10 millones

Debido al incremento del contrabando en las fronteras del sur del país, particularmente en Tarija, cada vez más, el sabor amargo gana terreno en la actividad vitivinícola boliviana.

Desde la Asociación de Industriales Vitivinícolas de Bolivia (ANIV), informaron que, debido a una escalada sin precedentes del contrabando, la demanda de uva boliviana, en esta cosecha que termina fue menor en un 35% con respecto a 2020.

Luis Pablo Granier, presidente de la ANIV y de la bodega Campos de Solana y singani Casa Real, explicó que esta merma en la compra del principal insumo para la elaboración de estas bebidas se debe a que la competencia de marcas argentinas y brasileñas, que ingresan de forma ilegal al mercado boliviano, han afectado la rentabilidad de las pequeñas, medianas y grandes bodegas nacionales.

Granier detalló que la cadena de uvas, vinos y singanis es la actividad productiva más importante del sur de Bolivia, generando más de 5.000 fuentes de empleo directo e indirecto a escala nacional.

El empresario sostuvo que dejar de comprar un 35% de la uva cosechada significa provocar un daño económico a unos 1.000 productores, de los 4.200 que se dedican a esta actividad y que en conjunto con la industria vitivinícola generan más de $us 200 millones anuales, aportando, de acuerdo con Granier millones de dólares en impuestos. Además, de convertir la industria en motivo de identidad y orgullo boliviano.

El titular de ANIV calculó que actualmente el consumo de vino de contrabando en Bolivia es de un 40% y que su incremento se debe a la fuerte devaluación del peso argentino de los últimos años, lo que está provocando un aumento en el ingreso de productos del mercado negro hacia el país.

“La cadena de uvas, vinos y singanis crea un hilo productivo que tiene un impacto positivo y profundo en áreas rurales y urbanas. Genera el impulso de actividades económicas paralelas al sector, como la turística, y a través de su interrelación con la identidad tradicional tarijeña y boliviana, aporta a la cohesión social. Todo este ecosistema económico, social y cultural está seriamente amenazado por el mercado ilegal del contrabando”, observó Granier.

Se naturaliza el contrabando

Franz Molina, de la bodega Kuhlmann y vicepresidente de ANIV, indicó que el contrabando, como nunca, está en su pico más alto, afectando a toda la industria nacional y no solamente a los productores de vino.

Molina lamentó que en las fronteras del sur de país (Yacuiba y Bermejo) el contrabando hormiga sigua aumentado ante la mirada pasiva de las autoridades bolivianas y argentinas.

“Es alarmante que el contrabando sea visto como algo natural. Acá en Tarija la situación es insostenible y ya no solo tiene que ver con que se ha comprado un 40% menos de uva a los productores, sino que el problema es mayor y afecta al país en su conjunto”, observó Molina.

A su criterio, es necesario un control más firme de las FFAA, con puntos de control intermedios y una mejor coordinación, porque en la actualidad, a pesar de los esfuerzos que realiza la Aduana, de acuerdo con Molina, ésta se ve rebasada por el contrabando.

Al respecto, Granier sostuvo que el contrabandista debe ir a la cárcel, pero para ello es necesario bajar el monto de las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) para que el infractor sea detenido, pues para el titular de ANIV las 200.000 UFV ($us 69.000) son tan altas que no es posible castigar el contrabandista bajo la figura de contrabando delictivo que tiene prisión de hasta 12 años.

Por lo que considera urgente reducir estos márgenes y estar a la altura de los países de la región.

Al respecto, Karina Serrudo, presidenta de la Aduana Nacional, sostuvo que son una entidad operativa, que no hacen las leyes y que solo se dedican a operar y lo que la ley les indica ellos hacen.

“No tenemos la facultad de legislar. Esta elaboración de las leyes lo ve el Ministerio de Economía y la Aduana Nacional está bajo su tuición”, explicó Serrudo.

Desde Bodegas Kohlberg, informaron que, debido a una caída en sus ingresos, un 25% en 2020, se vieron forzados a comprar un 30% menos de uvas, con el objetivo de buscar algún equilibrio entre gastos e ingresos.

“La situación cada día se va agravando. No se puede competir con vinos que son más baratos y que encima no pagan impuestos. En esta bodega, de forma directa e indirecta generamos unos 300 puestos de trabajo”, precisaron desde la empresa de vinos.

El criterio es compartido por la bodega Landsuá, del Grupo Landívar, que desde los Valles cruceños (Samaipata), ofrece sus productos que se ven limitados por la presencia de la oferta argentina que entra de contrabando afectando no solo a la cadena productiva nacional, sino también a los importadores legales, a esto se suma muchas veces la adulteración del vino causando daño en la población que lo consume.

Desde ese grupo empresarial consideran que el contrabando afecta a todas las áreas económicas y es una lacra para el Estado. En el caso de la producción nacional de vinos, perjudica a miles de familias que trabajan en sus viñedos y también en muchas empresas bodegueras que se dedican a la fabricación de vinos y singanis, bebidas 100% nacionales, producidas en Bolivia.

“El Estado y por ende, el Gobierno, tiene la responsabilidad de supervisar y poner todos los controles necesarios en nuestras fronteras para detener este flujo de ingreso ilegal que tanto daño causa a la economía del país. Sin embargo, vemos que hay controles excesivos en las aduanas de los aeropuertos, pero no en las fronteras de Argentina, porque es “más lucrativo” controlar abusivamente los aeropuertos que estar en las fronteras requisando los alimentos que ingresan en cantidades”, indicaron desde Grupo Landívar.