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El Gobierno Bolivianola Asociación Accidental Tunari (AAT) se enfrascan en acusaciones relacionadas al Tren Metropolitano de Cochabamba, un tranvía ligero que proyecta conectar al conglomerado de municipios allegados a la capital cochabambina que tiene perfilada una inversión cercana a $us 537 millones.

El Ejecutivo informó que la AAT tiene una deuda superior a los Bs 335 millones  que deberían cubrir el pago a subcontratistas y el resguardo de equipos relacionados al proyecto. Así lo informaron desde el Ministerio de Obras PúblicasEste monto, también estaría destinado a gastos administrativos, impuestos y aranceles en los puertos chilenos de Iquique y Arica.

"La AAT subcontrató empresas para provisión de materiales y construcción de obras civiles, sin relación alguna con el Estado boliviano y su cumplimiento es de responsabilidad de la contratista", señala el comunicado oficial.   

Sin embargo, el consorcio responsabilizaba al Gobierno por el rezago de pagos a las empresas subcontratistas. Es más, la AAT, señaló que los s​​uministros internacionales para la construcción de las líneas Roja y Verde del Tren Metropolitano corren el riesgo de ser rematados en Chile, ya que algunos insumos se encuentran en los puertos desde hace ocho meses y tienen un valor de $us 24,7 millones.

"Esta situación complica aún más la continuidad del proyecto estratégico para el área metropolitana de Cochabamba porque la deuda impaga ha comprometido el futuro de las empresas subcontratistas que se sumaron al objetivo de mejorar la calidad de vida de los cochabambinos, mediante esta solución de transporte", refutó Domingo García, gerente general de la AAT, en un comunicado.

Atenido a los términos del contrato, el Ministerio deslindó responsabilidades respecto al remate de los equipos destinados al proyecto del Tren Metropolitano, en el puerto chileno, y argumenta que no existe cláusula alguna que supedite el pago a las subcontratistas por parte de la AAT a los desembolsos del Estado.

El contrato en la modalidad "llave en mano" fue suscrito en agosto de 2017 entre el Estado y AAT, durante la administración de Evo Morales, según el reporte de ABI.