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El directorio de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) afirma que la actual situación sanitaria, sumada a los bloqueos de carreteras, provoca mayor incertidumbre y solicitaron al Gobierno generar las condiciones necesarias para mantener parcialmente las actividades productivas y no poner en riesgo miles de fuentes de trabajo.

La organización empresarial considera que el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos para aliviar la grave situación que atraviesa el sector privado, pero las medidas diseñadas inicialmente para una cuarentena de 15 días distan mucho de responder a las apremiantes necesidades de los sectores empresariales, luego de 138 días de cuarentena rígida y flexible. Advierte que , en consecuencia, el futuro del sector empresarial privado se proyecta muy incierto.

Los empresarios piden al Gobierno extremar esfuerzos en procura de poner orden en el país, evitando una riesgosa confrontación entre ciudadanos, y al mismo tiempo, dictar medidas económicas que ayuden a sobrellevar al sector privado esta aguda crisis económica, evitando su inminente colapso.

Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privado de Bolivia y de Santa Cruz, demandó a la clase política y a las autoridades del Estado, un acuerdo que tenga como fundamentos el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos y garantías constitucionales, a tiempo de advertir el riesgo de enfrentamientos entre ciudadanos bolivianos, con su secuela de violencia incontrolable.

Barbery puntualizó que las reuniones que sostuvieron el fin de semana los órganos Ejecutivo y Legislativo fueron meritorias, pero no han logrado consensos y menos acuerdos, lo que evidencia la ausencia de una actitud sincera de los actores políticos para encontrar soluciones.

El empresario remarcó que la incertidumbre, el sufrimiento y la paciencia de la ciudadanía están llegando al límite, especialmente tras la obstaculización de ingreso de recursos económicos de ayuda internacional por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la multiplicación de los bloqueos en la mayor parte del país que impiden, no solo el derecho al libre tránsito, sino también el ingreso de oxígeno, medicamentos, alimentos e insumos, atentando contra la vida de los bolivianos.