Las medidas anunciadas en el Día del Trabajador, por el presidente Luis Arce son consideradas demagógicas y políticas por expertos y empresarios, ya que se trata de normas que están vigentes en el ámbito laboral y las ‘nuevas’ no significan una mejora de la calidad laboral de los trabajadores del país.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) afirma que los nuevos decretos, solo ratifican acuerdos existentes entre trabajadores y empleadores y que los anuncios solo tuvieron un fin político.

La institución hace notar que las “licencias especiales” aprobadas mediante el Decreto Supremo (DS) 4708, por cumpleaños, por matrimonio y por fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos, constituyen prácticas que ya se aplican. Incluso, en el sector público, en el Estatuto del Funcionario Público ya establecen estos tres tipos de licencias. 

Con respecto a las vacaciones, el Cedla sostuvo que el DS 4709, en su primer artículo, señala que el objetivo del mismo es “establecer el goce fraccionado de vacaciones por las trabajadoras y los trabajadores, y la acumulación de las mismas sin necesidad de acuerdo escrito”. Sin embargo, en el siguiente artículo indica que las vacaciones podrán acumularse si hay “un acuerdo mutuo por escrito” (aspecto contradictorio de un artículo a otro y que se mantendría del DS 224 de 1943). Además, plantea otras opciones: si existe “omisión del empleador en la formulación del rol de turnos” o si “el empleador no haya permitido el uso de las vacaciones”. 

Estos dos últimos puntos -indican- podrían ser riesgosos para los trabajadores porque se estaría avalando una práctica que más bien se debería cambiar, que es darle la posibilidad al empleador de que no haga el rol de vacaciones o que éste, simplemente, impida al trabajador tomar sus vacaciones bajo el argumento de que puede acumularlas. “Más allá de los dos años que establecía la anterior normativa, el decreto no dice nada del tiempo permitido para la acumulación”, observaron desde el Cedla. 

En cuanto al fraccionamiento de la vacación es una práctica que también se daba en algunas empresas e instituciones privadas, en el marco de acuerdos internos o de los reglamentos de personal. El decreto solo está dando pautas sobre cómo debe darse este fraccionamiento. En este caso, se señala que el trabajador debe solicitar “por escrito y de manera excepcional” gozar del “beneficio”.
“En esa línea, consideramos que estos decretos no significan un gran cambio con respecto a la situación actual de la relación entre empleadores y empleados”, puntualizaron desde el Cedla.

Jugada política

Wilfredo Tarqui, exdirector del Trabajo de la regional Santa Cruz, remarcó que estas medidas no son nuevas y que más tienen un enfoque político, también precisó que el empresariado no tiene por qué indicar que estas normas afectan la creación de puestos de trabajo porque ya se vienen aplicando desde hace varios años.

A su vez, Edwin Fernández, abogado laboralista, subrayó que con estas disposiciones el Gobierno sólo ve por un minúsculo porcentaje de trabajadores dependientes. No toma en cuenta a los trabajadores independiente quienes asumen por sí mismos las obligaciones del Estado.

 “Cuando se otorguen beneficios a los trabajadores se debe considerar a todos. Esto es solo demagogia política, lo que deja en evidencia que no hay un plan de reactivación económica sustentable y efectiva”, criticó Fernández.

Otras lecturas

Sobre el tema, para la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, lo indicado por el Gobierno refuerza los derechos de los trabajadores y en cuanto a la abrogación de la resolución ministerial 137/90 de 1990 que limitaba la cantidad de dirigentes en las federaciones y sindicatos y DS 4710 que reglamenta la declaratoria en comisión de los principales dirigentes de la COB, el ente de los trabajadores considera que es un derecho constitucional que se debe respetar.

Para Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), si bien las nuevas disposiciones reiteran ciertos aspectos que ya se encontraban normados, los industriales bolivianos no necesitan de más cargas sociales, más aún cuando están en un proceso de reactivación y señala que los decretos publicados el 1° de mayo demuestran una exagerada protección en favor del trabajador, inobservando la realidad de la industria boliviana, optando por un rechazo al diálogo con el sector privado y generando un perjuicio al sector privado formal, ya que las disposiciones no son aplicables al sector informal, que representa aproximadamente el 78% de la economía nacional, observó el dirigente.

En tanto que Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que las nuevas normas anunciadas son parte de una política laboral desfasada de la realidad y concentrada únicamente en el ámbito salarial, a tiempo de remarcar que mientras en Bolivia se sigue pensando solo en aumentos salariales y mayores beneficios para los dirigentes sindicales, otros países ya debaten sobre las nuevas formas de relaciones laborales, el teletrabajo, la contratación por horas, la tecnología en el trabajo, la salud ocupacional, las nuevas formas de entender la productividad, la igualdad y las oportunidades para los jóvenes. 

“Creo que es necesario un profundo análisis del Estado y la sociedad para modernizar nuestras políticas del trabajo, más que un debate sobre nuevas normas que se sumen a las actuales sin un cambio real”, dijo Barbery.