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La presión social de los transportistas en el país, cuya fuerza se impone a través del bloqueo de las principales rutas del país, deja un impacto económico cuantificado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que alcanza los $us 30 millones por día.

Los transportistas acatan un paro movilizado tras romper el diálogo con las autoridades nacionales y rechazar el beneficio de la reprogramación o refinanciamiento de los créditos bancarios con un periodo de gracia de al menos cuatro meses para el pago de interés. Piden una ampliación del diferimiento de créditos por seis meses.

Como sector, no podemos estar de acuerdo con que prime la fuerza sobre la razón. El Gobierno ha propuesto la posibilidad de reprogramación, de refinanciamiento y un periodo de gracia de cuatro meses. No se puede pensar en un diferimiento de seis meses adicionales considerando que entre abril y diciembre de 2020 la banca no ha recibido de los prestatarios los intereses del dinero colocado. Hay que cuidar el delicado equilibrio en el sector financiero y, sobre todo, no romper la cultura de pago porque estamos hablando de un sector que es tremendamente importante y sensible para la economía nacional”, precisó el gerente general del IBCE.

Rodríguez expuso que en la actualidad todos los sectores están impactados, no solo el transporte, también lo están los establecimientos financieros que, de acuerdo con el Índice Global de Actividad Económica (IGAE), a octubre, han registrado una caída de cerca del 4%, cuyo indicador tiene estrecha relación con el proceso de cuarentena rígida y flexible. 

Aduce que si el Gobierno cede a esta presión de los transportistas será una mala señal porque otros sectores  harán lo mismo para imponer sus reivindicaciones. “Por imposición de la fuerza, nos puede llevar al caos”, advirtió el gerente general del IBCE.

Desde el IBCE instan al Gobierno a implementar políticas para reactivar la economía, inyectando recursos al sector de la oferta, así como lo hace por el lado de la demanda. Proponen combinar una política selectiva de exportaciones enfocada a sectores de rápida reacción (agropecuaria, agroindustrial exportadora y sector forestal) con un manejo de sustitución competitiva de importaciones.

Según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en una nota reproducida en ABI, el diferimiento de pago de créditos aplicado en 2020 impidió que la banca reciba al menos $us 4.000 millones en capital e intereses.

 "Lo que hacen los diferimientos es ahondar la crisis, esa ruptura de la cadena de pagos, rompe con ese círculo virtuoso que tiene la intermediación financiera de captar recursos del público para colocarlos en créditos y beneficiar la actividad económica", reflexionó el secretario general de Asoban, Nelson Villalobos.

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