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La Gobernación de Santa Cruz ratificó su rechazo al proyecto de Ley PL 179/2019-2020 (Ley de recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH para las entidades territoriales autónomas y universidades), aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados. Según el análisis realizado a dicha norma, esta no devuelve el 12% del IDH como se debería establecer.

“Desgraciadamente, esta ley, lejos de buscar el propósito de devolver o restituir el 12% del IDH, lo que hace es reafirmar el carácter confiscatorio de los recursos de los gobiernos autonómicos. Por eso, nuestro más vehemente rechazo al proyecto aprobado. No es una ley útil ni para la emergencia ni corrige la injusticia que había hecho el Gobierno de Evo Morales, de confiscar recursos de las gobernaciones”, manifestó el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.

Más adelante, Peña lamentó que se haya aprobado una “ley irrisoria, que falta el respeto del pueblo boliviano, que se hace la burla" con la gente que está sufriendo más con el coronavirus. La Gobernación ya había adelantado el miércoles, su cuestionamiento de la redacción de la norma que se debatía.

La Ley aprobada

Según los artículos, el proyecto de ley redistribuye el uso de estos recursos a favor de gobernaciones, municipios y universidades. Dichos recursos estaban destinados a la inversión de exploración y explotación de hidrocarburos.

Ahora, esos recursos económicos se dispondrán para infraestructura, pruebas rápidas y equipamiento para combatir el coronavirus.

Según la Asamblea legislativa, existe un acumulado de $us 500 millones de esos recursos, pero estos seguirán siendo para la exploración y explotación de hidrocarburos. Lo que se pretende ahora es “dejar de confiscar temporalmente” el 12% a las entidades territoriales autónomas y universidades para que ese dinero lo destinen a combatir el Covid-19.

El Proyecto de Ley 179/2019 establece que el 50% de los recursos recuperados será para actividades de prevención, atención y contención del Covid-19, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas; el 25% se destinará a la provisión de alimentos para la población; y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local.

El proyecto de ley tuvo como cámara de origen a Senadores. Luego de aprobarse en grande y detalle por la Cámara de Diputados, pasa al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

No hay devolución

Vladimir Peña enfatizó que la norma, tal como ha sido aprobada, no devuelve un solo peso a los gobiernos autonómicos y por el contrario, reafirma su carácter confiscatorio.

“Nuestro pedido sigue siendo claro, transparente y directo. Necesitamos una ley que pueda devolver más de $us 250 millones a las nueve gobernaciones, 339 municipios y 11 universidades públicas para que estos recursos puedan ir a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19. No podemos seguir con este centralismo que tanto daño ha hecho al país, que concentra los recursos, que se queda con recursos, que los guarda, como están guardados estos $us 250 millones y deja a los gobiernos subnacionales la responsabilidad de atender esta pandemia que está azotando al país”, manifestó la autoridad.