El Gobierno Departamental pagará las planillas de avance de obras previstas hasta el mes de marzo, y las constructoras reactivarán los proyectos paralizados

10 de agosto de 2020, 14:45 PM
10 de agosto de 2020, 14:45 PM

La Gobernación de Santa Cruz y los empresarios privados de la región, en especial los constructores, acordaron este lunes el reinicio de más de 30 obras públicas con el objetivo de reactivar la economía en la región oriental.

En concreto, las empresas constructoras se comprometieron a retomar las operaciones en proyectos con financiamiento de la Gobernación, a cambio el Gobierno departamental pagará las planillas hasta el mes de marzo.

En total, se espera que la reactivación genere un movimiento de Bs 100 millones, que después el Gobierno departamental prevé pagar a las constructoras una vez que disminuyan los índices de casos por coronavirus en Santa Cruz.

Entre las obras que se reactivarán está la construcción del puente Mario Foianini, obra que conectará a los municipios de Porongo y Santa Cruz de la Sierra, con una inversión de Bs 53,5 millones.

Otro de los proyectos que se retomará es la carretera Okinawa-Parque Industrial, Tramo I: Okinawa I -Okinawa II, de 19,1 kilómetros de longitud, que tiene un financiamiento de $us 39 millones.

Se reiniciará 30 obras con el pago de planillas a partir del día de mañana”, señaló Hugo Sosa, secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.

El funcionario agregó que “el compromiso de la Gobernación es pagar hasta el mes de marzo y ellos nos van a dar crédito para reiniciar las obras hasta que la situación se pueda normalizar”.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que “las empresas están creando fuentes de trabajo, apostando a que la Gobernación va a cumplir los compromisos económicos”.

Desde hace varios meses el sector de la construcción exige el pago del avance de planillas por obras con financiamiento público en todos los niveles del Estado, tanto central, como municipal y departamental.

En total, los empresarios de este sector exigen el pago de una deuda de más de Bs 2.500 millones por la construcción de obras con financiamiento estatal.

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