“Con este fallo que se ha producido en la Sala Constitucional Primera en el departamento de Santa Cruz, se abre la posibilidad para que el Comité Nacional de Bioseguridad, pueda avanzar en un procedimiento abreviado para la autorización de nuevos eventos biotecnológicos para el agro”. De esta manera, Gary Rodríguez gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se refirió al rechazo del recurso de Acción Popular, presentado por distintas plataformas contrarias al Decreto Supremo (DS) 4232 que autoriza la elaboración de un reglamento en el que se evaluará el uso de semillas genéticamente modificadas para el cultivo de soya, maíz, algodón, trigo y caña de azúcar.

Cabe recordar que el viernes, tras casi 10 horas, entre audiencias, argumentos, contraargumentos y fallo, la Sala Constitucional Primera denegó el recurso de Acción Popular.

A decir de Rodríguez, el fallo era muy esperado por las entidades del sector empresarial, principalmente del sector agrícola, pecuario, agroindustrial y agroexportador, que son el fundamento de la economía de la región, pero además es el sostén agroproductivo del país.

“No hay que olvidar que más del 40% del PIB nacional agropecuario se produce en Santa Cruz. Más del 70% de los alimentos que se producen y consumen en Bolivia se dan en Santa Cruz. Finalmente, el 75% de las agroexportaciones, es decir, más de 2 millones de toneladas que se exportan por año y que originan ingresos por más de $us 1.000 millones, se generan en Santa Cruz”, indicó Rodríguez, a tiempo de indicar que se hizo justicia e historia con una decisión que permitirá escribir una mejor historia para el país con el desarrollo armónico gracias a la tecnología.