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Las cosechadoras terminaron de levantar hasta el último grano de soya del campo cruceño. Fue una cosecha silenciosa y llena de sinsabores, debido a la cuarentena por coronavirus que existe en el país. Sequía y lluvias marcaron la campaña de verano, que culminó oficialmente en abril. Si bien toda la superficie fue recolectada, tanto los productores como las industrias no llegaron a un acuerdo por el precio del ‘grano de oro’: el motivo es la baja cotización en las bolsas externas y la regulación interna sobre subproductos del commodity.

Después de 14 años de restricciones, en enero de este año el Gobierno de Jeanine Áñez emitió un decreto supremo que liberaba las exportaciones del sector agroindustrial. Bajo el régimen de Evo Morales, las ventas externas del sector productivo fueron reguladas e incluso se fijaron precios para el mercado interno para algunos subproductos como la harina de soya y cascarilla, insumos indispensables para sectores ligados a la pecuaria.

El principal argumento que esgrimía el Gobierno de Morales para esta medida era el cuidado del mercado interno para evitar la subida de precios. Bajo este contexto, las industrias debían realizar una serie de trámites para obtener un certificado estatal que los avalaba para exportar.

Esto siempre fue observado por el sector exportador y productores cruceños, que calcularon que durante el periodo de restricciones el país dejó escapar de sus manos más $us 2.000 millones.

Si bien el decreto emitido por Áñez a comienzos de año recibió el visto bueno del sector empresarial, no todo ha sido color de rosa porque aún persisten mecanismos de control de precios. Y a esto se suma la situación de iliquidez que tiene el sector por la cuarentena que vive el país debido a la presencia del coronavirus.

Osvaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), informó que el sector industrial, ligado a la actividad oleaginosa, ha trabajado a media máquina y debido a la emergencia sanitaria está pasando por “una situación complicada de acceso a liquidez”.

Detalló que si bien la campaña de verano terminó, “no se han cerrado precios: y esto se debe a dos razones; una a la incertidumbre con respecto a unas reglamentaciones sobre la relación de la industria con el mercado interno y la otra, es la situación de acceso a financiamiento”.

“Si esto no es solucionado y si el Gobierno no le da importancia a la industria, que es la locomotora del sector, se verá afectada toda la cadena”, señaló.

El exportador explicó que si bien el Decreto Supremo 4139, promulgado el 22 de enero, libera las exportaciones, en su reglamentación se establecieron precios mínimos y máximos en algunos subproductos.

“Se han hecho planteamientos para que el Gobierno mejore esta situación. Hemos hablado con el ministerio (de Desarrollo Productivo) esperando que salga esta reglamentación y cuando vea la luz, la industria va a poder ponerse de acuerdo con los productores en el tema de los precios”, explicó Barriga.

El exportador dijo que si bien no existen trabas para exportar, “te siguen obligando de alguna manera a un precio que no es el valor de mercado o el precio de  exportación para definir en cuánto yo vendo mis productos en el mercado interno”.

“En algunos de los productos se fijaron precios mínimos y máximos de venta. Hay una situación de control de precios, que se supone tuvo que ser liberada postdecreto. No se lo ha hecho en algunos ítems”, dijo.

Producción

En esa línea, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo de Santa Cruz (Anapo), Marcelo Pantoja, señaló que la campaña fue irregular, manteniendo prácticamente los mismos niveles de producción del año pasado. A esto se suma que los precios internacionales por el grano siguen bajos, “pero ya algunos productores siguen negociando”.

Con relación a los resultados obtenidos informó que en total se cosecharon 1.968.000 toneladas de soya, sobre una extensión de 1.020.000 hectáreas, obteniendo un rendimiento de 1,9 toneladas por hectárea cultivada. “La campaña no fue buena. Tuvimos un periodo de secas muy fuertes en enero y eso nos hizo bajar los rendimientos. Y el precio internacional es bajo, entonces la salud económica del sector está complicada”, señaló Pantoja.

En este contexto, sostuvo que cada productor está negociando al precio que pueda lograr porque cada uno tiene estructuras de costos diferentes y que “si se pueden, algunos van a poder cubrir sus gastos”.

Hugo Flores, presidente de Anapo filial San Julián, señaló que los productores de la zona no han podido llegar a un acuerdo con las industrias. “Ellos ofrecen a $us 250 la tonelada, otras han pagado $us 265 y hasta $us 270. Las industrias hasta ahora no han podido mejorar los precios. Estamos en negociaciones”, señaló.

Al igual que Pantoja, coincidió en que el precio en el mercado internacional del grano bajó mucho por la pandemia y “no hay miras de que mejore”.

“Estamos en reuniones por el tema de los cierres”, adelantó.

La campaña en este municipio se concentró en 120.000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 1,9 toneladas por ha. 

Un panorama similar ofrece Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo). El agricultor señaló que el sector productivo está cada vez más para atrás debido a los precios y los bajos rendimientos. “No tenemos precios. Las casas comerciales y los bancos están amenazando con acciones legales y estamos ingresando en la Central de Riesgo. Hay mucha preocupación”, señaló.

Lo preocupante, según Barrientos, es que algunos productores endeudados están cerrando con precios mínimos incluso para el mercado informal, que paga entre $us 255 y $us 260 la tonelada de soya.

“Por eso hemos pedido una normativa para la reprogramación de deudas a largo plazo y la compra de deudas. Es la única alternativa que hay; si no vamos a tener dificultades. La cosecha de trigo ya está en etapa de maduración, vamos a esperar que todo salga mejor. Nuestra esperanza está en el trigo”, señaló.

Del lado del Gobierno, consultada la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, sostuvo que aún están tratando de consensuar posiciones entre los sectores productivos y la Cadex; mientras, existe una reglamentación vigente (para la liberación de las exportaciones) que ha sido observada.

En este escenario, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, reiteró en diversos medios que un grupo de técnicos trabaja en un plan para reactivar la economía del país paralizada por la cuarentena.

Si solo se toman en cuenta las exportaciones no tradicionales, concerniente a soya y sus derivados, aparte del gas, es uno de los sectores que mayores ingresos genera al país.

El año pasado las exportaciones del sector oleaginoso, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), llegaron a $us 715,5 millones, menor a lo alcanzado en la gestión 2018, $us 805,7 millones. Hasta abril, las ventas externas llegaron a $us 222,5 millones.

Precio. Los futuros de la soya se negocian con un aumento de $us 0,3 por tonelada, hasta $us 318,7 (posición julio), y la tendencia alcista de los últimos días se mantiene “ante el impulso de la buena demanda de suministros estadounidenses”.

Oportunidad. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), las importaciones chinas de soya desde países en desarrollo crecerán hasta un 34%. Diez puntos porcentuales más que las previsiones anteriores.

Invierno. Las proyecciones de siembra para la campaña de invierno son de 335.000 hectáreas de soya, 110.000 hectáreas de trigo, 130.000 de girasol, 90.000 hectáreas de maíz y 450.000 hectáreas de sorgo.

Propuestas. El sector productivo de Santa Cruz planteó al Gobierno crear normas para poder reprogramar créditos de corto a largo plazo, planteando periodos de hasta 12 años.