Industriales advierten que alza salarial pone en riesgo más de 600.000 empleos

Los empresarios industriales advierten que el incremento salarial acordado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana coloca en situación de alto riesgo y crítica incertidumbre la sostenibilidad económica de más de 600.000 empleos industriales y más de 36.000 industrias que operan en el país.

Asimismo, observan que la medida incumple el Convenio Nro. 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inviabilizará nuevas contrataciones e inversiones con los consiguientes efectos sobre el empleo formal, productivo y digno.

Al igual que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Industria afirma que el reajuste salarial genera una inaceptable discriminación contra el sector privado obligándosele aumentar salarios, excluyendo de la disposición al sector público (ministerios, empresas públicas y otras entidades del Estado). 

En tanto que advierten que negociar en el sector privado el incremento salarial al haber básico sobre la base del 3%, abre un escenario de discordia que puede generar conflictos y desequilibrios entre empresas y trabajadores. 

Desde la CNI recuerdan que el sector industrial a nivel nacional y departamental experimenta una profunda contracción económica, la mayor de los últimos 70 años, producto del Covid - 19, la crisis mundial de suministros y logística internacional, el creciente contrabando y ahora los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania. 

Un impacto desigual por regiones

En Bolivia, la contracción económica tiene un impacto desigual en las regiones. Así en 2020 el PIB industrial de Chuquisaca decreció un -21,8%, Pando un -19%, Potosí el -18%, Oruro un -15%, La Paz un -14,7%, Tarija un -13,4%, Cochabamba un -8,6%, Beni un – 4,3% y Santa Cruz el -2%. Como se advierte, las industrias aún no salen de la crisis económica y sus posibilidades financieras de enfrentar el incremento salarial son escasas. 

En este sentido, la decisión de aumentar los salarios sin tomar en cuenta la crítica situación de las empresas, afectará la generación de empleo formal de las futuras generaciones de jóvenes y mujeres que en un número de más de 150.000 ingresan al mercado laboral; el incremento del déficit fiscal, que pone en riesgo la estabilidad y crecimiento económico y la sostenibilidad económica de las industrias.

No obstante, son conscientes de que el sector industrial cumplirá la disposición de incremento salarial al igual que cumple el conjunto de normas y leyes que rigen el ordenamiento jurídico en el país; sin embargo, señala que esta disposición promueve la desindustrialización del aparato productivo nacional y el aumento del trabajo informal y precario. 

A futuro y para evitar un mayor deterioro económico del sector industrial, la CNI plantea al Gobierno la elaboración de políticas públicas laborales y salariales de largo plazo con participación tripartita (trabajadores-Gobierno-empresarios) y con anticipación a los futuros años.

En la víspera, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, criticó a los empresarios indicando que "no les agrada aumentar los salarios".  En una entrevista realizada en Radio Panamericana, sostuvo que los empresarios tanto en el país o cualquier parte del mundo rechazaran siempre un incremento en los sueldos.

Consultado por Cadena A, la autoridad dijo que los grandes empresarios “echan el grito al cielo” cuando se trata de mejorar los salarios.

La aplicación del incremento salarial entra en vigencia desde el 1 de mayo y tiene un carácter retroactivo como en gestiones anteriores. El salario mínimo nacional sube de Bs 2.164 a Bs 2.250.