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El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) decidió revertir más de 26.000 hectáreas (ha) a la familia del exministro de Economía, Branko Marinkovic. Así, la propiedad agropecuaria quedaría con 7.274 hectáreas (ha) de tierra, 2.274 ha en Laguna Corazón y 5.000 ha en Tierras Bajas del Este y no las 33.480 ha que contemplaba en un principio, según reveló el director de Planificación, Juan de Dios Fernández.

“En el caso de Laguna Corazón son 2.274 hectáreas por sus derechos y documentos acompañados; en el caso del otro predio (Tierras Bajas del Este) les corresponde 5.000 hectáreas. Eso que quede claro. Lo que tenían que recibir estos señores son máximo 7.000 hectáreas, hectáreas más hectáreas menos”, declaró Fernández en entrevista con radio Compañera.

En este sentido, 26.206 hectáreas deberán volver al poder del Estado. “Eso sí se revertirían al Estado”, sostuvo, al manifestar que el caso está en proceso de revisión, no obstante. Fernández indicó que existe evidencia de que esas tierras no se titularon de manera legal.

En noviembre de 2020, la Fundación Tierra denunció la dotación irregular de 33.480 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz a favor del entonces ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic.

Por otra parte, Fernández manifestó que en el gobierno de Áñez se “repitió la estructura de la tierra” como en el pasado y se tituló el 70% de las tierras a favor de empresarios, mientras que un 30% a favor de pequeños propietarios.

Explicó que el 70% equivale a las 700.000 ha de tierra a las que se refirió el presidente Luis Arce, que serán revertidas previa revisión, en particular en las que “encontramos irregularidades”. Precisó que la revisión tiene un proceso hasta que llegue al Tribunal Agroambiental, instancia que determina si las observaciones son o no procedentes.

Sin embargo, ayer en contacto con EL DEBER Streaming, el asesor legal del INRA, César Córdova, aseguró que hubo una tergiversación en cuanto a los datos que brindó el presidente Luis Arce en San Julián, ya que no son 760.000 hectáreas las que están sujetas a revisión, sino 270.000, que corresponden a predios ubicados entre Santa Cruz y Beni.

“El INRA solo está haciendo una revisión técnica y jurídica para ver si es que se han cumplido todos los procedimientos, si es que se han emitido las resoluciones en base a los plazos o normativa agraria”, precisó, a tiempo de explicar que la instancia competente para impugnar un proceso ante el Tribunal Agroambiental es el Viceministerio de Tierras.


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