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Un día después de que el director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, instara a los productores respetar la ley, esto después de asegurar que en los casos de Guarayos y San Julián hubo división de parcelas para que un mismo dueño tenga grandes extensiones de tierra, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a los subsectores afiliados a la organización a reunión extraordinaria de directorio para abordar la problemática agraria y tomas de predios productivos.

En la convocatoria, programada para la presente jornada, se anuncia que contará con la presencia del director del INRA departamental. En el llamado a los subsectores, la CAO solicita a los sectores asistir con sus asesores jurídicos.

Según Rojas, en los predios de Guarayos el dueño dividió sus tierras en nueve parcelas con la intención de tener una mayor extensión, lo mismo habría sucedido en San Julián donde el propietario dividió sus tierras en 10 parcelas y las registró con el apellido de sus parientes con el objetivo, según el director regional del INRA, de burlar la ley y al Estado boliviano. No se van a permitir avasallamientos (ocupaciones ilegales), pero tampoco permitiremos que se engañe al Estado”, enfatizó.

De acuerdo con el presidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano, lo preocupante del caso es que en los últimos acontecimientos se puso en riesgo la vida de los propietarios, por agresiones con armas de fuego. “Todo esto puede llevar a una escalada de violencia difícil de contralar si no se toman medidas oportunas y dentro del marco de la ley”, enfatizó, al dar cuenta de que cuando se presenta una invasión ilegal se cometen delitos ambientales – desmontes y quemas sin autorización- y, si bien la normativa contempla la sanción penal, esta no se cumple.

A juzgar por Justiniano, la burocratización de los procesos y la lentitud en las acciones ante los hechos delictivos, generan falta de certidumbre, no solo en el productor, sino en la población en general. Aduce que una ocupación se lleva a cabo en horas; sin embargo, una orden de desalojo lleva meses y es el propietario quien debe demostrar la legalidad de la tenencia de la tierra para que sea considerada su denuncia ante las autoridades correspondientes.

Otro factor que, según él, se pone en riesgo con los asentamientos humanos al margen de la ley es la Función Económica Social, FES, “qué productor, inversionista, seguirá apostando al desarrollo, al crecimiento, a la generación de fuentes de empleo, sin seguridad jurídica”, exclamó Justiniano.

A su vez, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, cree que si se levanta una consulta a la gente en Santa Cruz, la mayoría quiere acceder a un derecho individual sobre la tierra porque quiere tener lo suyo para poder apalancar un crédito o heredar a sus hijos, lo que no sucede con las tierras comunitarias, donde no hay derechos individualizados.

“Entonces, las tierras fiscales también deben adjudicarse de manera individual, respetando el PLUS departamental”, manifestó Flores, al insinuar que el pequeño productor quiere progresar y seguir creciendo con eficiencia productiva.

Para ello, en su criterio, es importante que se vuelva a aprobar un procedimiento voluntario para cambiar la clasificación de la pequeña propiedad a mediana o empresa, con todas las obligaciones y beneficios que ello conlleva. “Esta medida puede ayudar al fortalecimiento económico del pequeño productor para que pueda dar un salto tecnológico y mejorar rendimientos agrícolas que le permitan mejorar su ingreso y condiciones de vida”, puntualizó Flores.

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