El Gobierno asegura que la dinámica de los ingresos ha seguido este año la senda favorable del crecimiento

22 de mayo de 2022, 4:00 AM
22 de mayo de 2022, 4:00 AM

Walter Vásquez


La plata no es suficiente. El actual escenario de gastos mayores a los ingresos afectará negativamente al crecimiento de la economía en general y de las empresas privadas en particular, según analistas; mientras el Gobierno asegura que este año los ingresos por recaudaciones tributarias y por operaciones superan los percibidos en similar periodo de 2021, lo que es favorable para el cumplimiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022.

Las principal prueba de que el dinero no alcanza es el déficit fiscal que se arrastra desde 2014, el cual marcó un primer pico en 2018 (-8,1%) y escaló hasta un segundo pico en 2020 (-12,7%) — en el primer año de la pandemia—, para luego disminuir a un proyectado -8% para este año, cifra que representa $us 2.702 millones.

“La necesidad que tiene el Gobierno de financiamiento es inmensa”, subrayó el analista financiero Jaime Dunn.
Un ejemplo de ello es que el total de las recaudaciones tributarias de esta gestión será de unos $us 7.251 millones, mientras que el pago de salarios, aportes a la seguridad social y beneficios sociales en el aparato estatal llegará a $us 7.400 millones.

Otra muestra es la inversión pública de $us 5.015 millones, que en 43% ($us 2.156 millones) dependerá de créditos externos y en 57% de recursos internos, incluida la deuda interna. “Y hasta ahora no hemos escuchado nada” de ese financiamiento internacional. “Entonces, el Gobierno está apretado de liquidez. Eso está clarísimo”, sostuvo Dunn.

Para evaluar el comportamiento de los ingresos del Estado, los ejes a observar son las recaudaciones tributarias, la renta petrolera (a la baja) y “los préstamos externos, que están paralizados”, indicó a su vez el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorje Akamine.

“Desde 2014, los ingresos en general por coparticipación (tributaria) han caído, por una menor actividad económica y la pandemia; y los del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) disminuyeron también por cuestiones de volumen y precio”, indicó Óscar Navarro, asesor general de la Alcaldía paceña.

El Ministerio de Economía informó que el 61% del financiamiento del PGE 2022 viene principalmente de los ingresos de operación (ventas de las empresas) y de los ingresos tributarios, que al cuarto mes de este año crecieron en 17,5% y un 21% (en el nivel central), respectivamente, en relación a similar periodo de 2021, lo que refleja la continuidad de la reactivación económica.

Por su parte, el gasto que incluye los egresos corrientes y de capital agregados es superior en 1,3% al ejecutado en similar periodo de 2021, debido a que la ejecución se acelera en el último semestre de cada año.

“Por lo citado, no corresponde aseverar que el crecimiento de los gastos supere al crecimiento de los ingresos. Por el contrario, al primer cuatrimestre, la dinámica de los ingresos ha seguido una senda favorable de crecimiento, superando los niveles registrados en 2021 y el programado para el periodo enero-abril 2022, y en sólo cuatro meses del año ya se recaudó el 40% del proyectado para toda la gestión 2022”, remarcó el Ministerio de Economía. 

Según Dunn, otra acción que devela la situación del Gobierno, es la “intensa campaña de reprogramaciones” para posponer el pago de deuda pública con el Banco Central de Bolivia (BCB), con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con el Banco de Desarrollo Productivo y la emitida a través de bonos soberanos.

Deudas con el sector privado

Una señal más son las deudas que arrastra el Estado con el sector privado, como con el de infraestructura vial, que este año también concentra la mayor cantidad de recursos de la inversión pública, con el 25,6% de los $us 5.015 millones presupuestados.

El endeudamiento que tenía el Estado (en todos sus niveles) con las empresas bolivianas de construcción se redujo de $us 330 millones a 230 millones en 2021. “Esa deuda ha ido bajando un poco” en el caso de las contratistas bolivianas y en el caso de las extranjeras “habrá que preguntarle a las empresas chinas si les están pagando”, afirmó Javier Arze, gerente general de la Cámara de Construcción de Santa Cruz.
“Todas son señales de que hay una situación de liquidez compleja y que todo el financiamiento de su presupuesto todavía no está asegurado”, insistió Dunn.

“No hay recursos (...). “Existe un déficit importante en las cifras del sector público y solo hay tres fuentes para poder cerrar el hueco fiscal: deuda externa, deuda interna con el sector privado y deuda interna con el BCB”, explicó Rubén Aguilar, investigador de la Fundación Milenio.

“La deuda externa es limitada. Está condicionada a proyectos de infraestructura, desarrollo, equipamiento y salud, entre otros. No es que el Banco Mundial, BID, CAF y Fonplata van a estar prestando para solventar los gastos operativos del Gobierno”, aclaró.

El economista calculó que anualmente el Gobierno ha estado consiguiendo “con suerte” unos $us 1.000 millones de crédito externo y captando unos $us 1.500 millones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión, lo que no alcanza para cerrar “el hueco fiscal”, y lo obligará a recurrir otra vez al BCB. “Si las finanzas públicas estarían bien, no tendríamos por qué financiarnos con liquidez de las AFP; bastarían los ingresos tributarios que hay para solventar los gastos”, apuntó.

Aguilar indicó, además, que “esa competencia por los recursos de las AFP reduce la capacidad de financiamiento y de crecimiento de empresas” de los sectores de agroindustria, sucroalcoholero, farmacéutico y otros que emitían bonos en el mercado de valores, los cuales antes eran comprados por Futuro y Previsión.

“Para no tener esta presión presupuestaria tan grande, lo más lógico que suceda es que la ejecución de la inversión pública esté por debajo de lo presupuestado”, como en 2021, aseveró Dunn. El año pasado, la inversión pública programada era de $us 4.040 millones, de los que se ejecutó el 64,5% ($us 2.607 millones). 

Así que “lo más probable es que, este año, la inversión pública sea la primera víctima de la falta de recursos, lo cual va a repercutir en la tasa de crecimiento del PIB”, alertó Dunn, quien reiteró que el modelo económico estatal se basa en dos de los cuatro componentes del crecimiento de una economía: en el consumo y el gasto público, postergando la inversión privada y las exportaciones. 

“A las empresas no se les da las condiciones para invertir y, en cambio, se les impone altos costos salariales, restricciones a las exportaciones y se les amenaza con quitarles la tierra”, Así, “no se van a expandir”, lo que implica una menor expansión del Producto Interno bruto (PIB), sostuvo Aguilar, quien complementó que además de lo anterior los privados enfrentar la lenta “recuperación” de la economía.

Dunn advirtió que “la falta de liquidez se puede poner más tensa” debido al gasto cada vez mayor erogado para los subsidios a la energía eléctrica, combustibles, alimentos y para los bonos. Se prevé que este año se destinen $us 976,8 millones a la Renta Dignidad y los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y para personas con discapacidad, así como para el subsidio prenatal.

El 11 de mayo pasado, el Ejecutivo aprobó a través del Decreto Supremo 4716 una nueva fuente de financiamiento para la Renta Dignidad. Se trata de las utilidades que genere la Gestora Pública de pensiones, una alternativa a la caída de los ingresos por el IDH, la principal fuente de financiamiento del beneficio (30%), sostienen analistas. 

“Las dos fuentes de ingreso de este modelo siempre han sido el precio de los commodities y los dividendos que en algún momento tenían que dar las empresas nacionalizadas y estatales, pero las materias primas se han caído y los dividendos no están ahí”, expresó Dunn.

El año pasado, los ingresos de las empresas públicas fueron de Bs 48.187 millones y los gastos de 50.158 millones, pese a lo cual registraron Bs 2.873 millones en utilidades, un resultado que según el Gobierno se obtiene excluyendo del total de gastos efectuados por capital de operación (de más de Bs 4.000 millones), que prevé que en el futuro generen ingresos.