Los gremiales rechazan ley que solo permite la venta de mercadería legal
Mientras el Gobierno dice que la norma cuenta con “pleno respaldo”, la Confederación del sector anuncia movilizaciones para eliminar la futura ley que les dará -según estiman- más obligaciones que derechos.
La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia rechazó el nuevo proyecto de ley para proteger, regular y garantizar las actividades desarrolladas por los trabajadores gremiales por cuenta propia, debido a que establece que solo pueden comercializar y transportar mercadería lícita, y que los obliga a cumplir con las disposiciones tributarias de los tres niveles del Estado.
“En el encuentro nacional de organizaciones que se va a desarrollar este 23 de agosto en Cochabamba, lo más probable es que se defina una movilización general en todo el país para hacer abrogar esta ley”, afirmó el secretario general de la entidad, César Gonzales.
El proyecto de ley fue sancionado el miércoles en el Senado y remitido al Ejecutivo para que sea promulgado por el presidente Luis Arce en las próximas horas, informó el Ministerio de Economía.
“Este proyecto de ley no se socializó con las bases, son las cabezas de algunas organizaciones paralelas las que están apuradas para que se apruebe”, consideró Centa Rek, senadora de Creemos.
Según el ministerio, “la norma fue socializada de forma oportuna con el sector gremial” y cuenta con su “pleno respaldo”.
No obstante, Gonzales indicó que antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta, la Confederación —a solicitud del senador Andrónico Rodríguez— envió a esa instancia sus tres principales observaciones, pero no recibió respuesta, hasta que ayer jueves se vio sorprendida con la noticia de la aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa.
"La ley va a obligar algo que en el país no se cumple", subrayó.
Los cuestionamientos se enfocan en los inciso e) y f) del artículo 4, que identifica como derechos de los trabajadores gremiales por cuenta propia “la comercialización de mercaderías lícitas y el transporte de mercaderías lícitas”, ambas actividades en el marco de la normativa vigente.
“Si hablamos de mercadería lícita, eso quiere decir que hay que tener factura o declaración única de importación (DUI). Estos dos temas actualmente no se cumplen en los diferentes mercados y vías de todo el país, porque lamentablemente se ha trabajado y se ha vivido dentro de la informalidad”, consideró Gonzales.
“Esto quiere decir que hay sanciones para el sector que no cumpla” con estos puntos, agregó.
Según el Ministerio de Economía, “el traslado y comercialización de las mercaderías al interior del territorio nacional está garantizado en el marco de la normativa vigente, para evitar abusos y comisos injustificados de algunas autoridades locales”.
Otra medida cuestionada está es el inciso d) del artículo 5 de la norma, que determina que los gremiales deben “cumplir con las obligaciones tributarias establecidas por ley, conforme a la distribución de competencias prevista en la Constitución”.
Esto se aplica “en los tres niveles del Estado: municipal, departamental y nacional. Entonces, con una mano te están dando aparentemente jubilación y salud, y con la otra te obligan a ser formal, lo que no es un problema para el sector, sí para el consumidor final, porque se van a elevar los precios de muchos productos de primera necesidad”, sostuvo Gonzales.
“Pedimos eliminar el proyecto de ley y presentar uno que se socialice con todos y que nazca del sector”, aseveró el secretario ejecutivo de la Federacion Departamental de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, Édgar Álvarez.
“Es enunciativo”
El rechazo de la Confederación Nacional de Gremiales “muestra que esta ley no satisface para nada las aspiraciones y necesidades del sector (...). Es un proyecto de ley enunciativo”, apuntó Rek.
Para la legisladora, el proyecto de ley es prebendal y tiene el objetivo de dividir al sector gremial, dándole créditos, vivienda, salud y jubilación solo a los gremiales que responden a sus movilizaciones e intereses políticos, y tratando de anular a los cuentapropistas que son contestatarios y que “tienen organizaciones independientes que no responden a las políticas gubernamentales”.
Rek contó que el proyecto de ley fue aprobado en el Senado en el mismo día de su tratamiento, sin ninguna explicación técnica y pese a las observaciones presentadas por la oposición, como la ausencia de información sobre las fuentes de financiamiento para darle a los gremiales jubilación, salud y otros beneficios.
Aparte de que no deja clara la situación de los gremiales, el proyecto de ley “no estipula cómo se va a obtener el dinero” para los beneficios “y, en cierta forma, se lo están cargando a los municipios, siendo que ya están con serios déficits porque no reciben todo lo que les corresponde”, informó la legisladora de Creemos.
