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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destacó hoy la última calificación de Fitch Ratings que ratifica el B para la economía boliviana, pero no mencionó los riesgos financieros que se ciernen sobre Bolivia, si continúa financiando el déficit fiscal con recursos públicos del Banco Central de Bolivia (BCB), como indica el documento público de la firma especializada en riesgos nacionales y crediticios.

En su documento del 6 de octubre, Fitch Ratings menciona que de continuar la administración gubernamental en la misma línea, financiando las deudas con dinero que maneja el BCB, llevaría a una calificación negativa, que incluye una fuerte disminución en reservas internacionales, que socavaría la viabilidad del régimen cambiario estabilizado, entre otros aspectos.

Desde el Ministerio de Economía indican que entre las principales fortalezas que destaca en su reporte la calificadora señala que la deuda pública tiene un perfil de costo y vencimiento favorables, dada la naturaleza concesional de los préstamos multilaterales y un pequeño stock de eurobonos.

Asimismo aclara que el tipo de cambio estabilizado ha apoyado la estabilidad macroeconómica en términos de baja inflación, crecimiento estable del PIB real y una reducción significativa de la dolarización financiera. Además señala que proyecta que la cuenta corriente de Bolivia alcanzará un superávit en 2021.

"De igual manera Fitch señala que las reservas están por encima de la mediana 'B' según algunas métricas y que al 10 de septiembre de 2021, el saldo de las Reservas Internacionales Netas alcanzó a $us 5.104 millones, lo cual muestra holgura con respecto a límites referenciales internacionales. También aclara que el superávit en cuenta corriente, una reducción de las salidas de capital y un esquema que incentiva a los bancos a prestar divisas al banco central han ayudado a estabilizar las reservas en 2021.

Por otro lado Fitch destaca que la economía de Bolivia creció un 4% en promedio en 2015-2019 antes de la crisis económica y proyecta un crecimiento económico del 5,4%. 

 "Al respecto, se debe destacar la política de reactivación económica implementada por el Gobierno, que por el lado de la demanda, autorizó el pago del Bono contra el Hambre, el incremento de rentas de los jubilados, el Impuesto a las Grandes Fortunas y el reintegro en efectivo del Re-IVA", señala la cartera de Estado. 

En cuanto a la oferta, menciona que se crearon los créditos destinados al sector productivo (SíBolivia) con una tasa de interés anual del 0,5%, se restablecieron los límites de la cartera productiva y de Vivienda de Interés Social, se determinó el refinanciamiento y/o reprogramación de créditos y se robustecieron las empresas estatales. 

"En cuanto a la inversión pública, entre diciembre a junio de 2021 ya se ejecutaron $us 999 millones, en comparación con el mismo período del año pasado representa un incremento de 111%. En resumen, el Estado promueve medidas económicas que coadyuven a reconstruir la economía, principal línea de acción del gobierno nacional", indica el Ministerio de Economía.

Asimismo, precisa que es importante señalar que a agosto de 2021 se registró un superávit comercial de $us 1.360 millones, explicado por un incremento de las exportaciones en más del 50% durante lo que va de este año y una mayor participación de productos no tradicionales, lo que refleja el proceso de diversificación.

"De igual manera se debe prestar atención a la reactivación de la producción y comercialización de urea, que considerando las empresas que han manifestado el interés para su compra y los volúmenes por los cuales hay interés, sobrepasan la capacidad de producción que tiene la Planta de Amoniaco y Úrea Bulo Bulo, acciones que repercuten en el incremento de las perspectivas de exportaciones", agrega la cartera de Estado.

Su comunicación oficial enviada a EL DEBER agrega que considerando todos los aspectos ampliamente detallados anteriormente, muestra de los esfuerzos que se están llevando a cabo y de la estabilidad política conseguida, existe evidencia clara reconocida por la calificadora de riesgo en la ratificación de la calificación del Estado en 2021, después de dos bajas consecutivas en 2020 y 2019, durante el mandato del gobierno transitorio.

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