Ministra: Detractores de la biotecnología carecen de justificación científica

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, cree que quienes interpusieron una acción popular y se oponen a la agrobiotecnología en el país carecen de justificación científica y cuestiona el hecho que los detractores no asumieron la misma iniciativa en contra del decreto dictado por Evo Morales y su gabinete. La autoridad ve un sesgo político en el pedido. 

“Nosotros rechazamos también la acción popular de la que hemos tenido conocimiento por prensa. Lo que debe quedar claro es que quienes realizan dicha acción no tienen ninguna justificación científica válida y lo extraño es que la acción popular está vigente desde la Constitución Política del Estado (CPE) y nunca la hicieron en contra del decreto dictado por Evo Morales y su gabinete”, planteó la ministra.

En 2019 el gobierno del MAS autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación de las variedades de soya HB4 e Intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal biodiésel (DS 3874, del 18 de abril de 2019). Estos procedimientos no fueron aprobados ni aplicados.

Capobianco mencionó que “el Gobierno solo está interesado en prevenir el futuro y dar mejores condiciones de productividad a los agricultores con una herramienta que es utilizada en muchos países del mundo, que es la biotecnología. Además, evitar escasez de alimentos los próximos años que mundialmente serán muy complicados por los efectos del coronavirus”, sentenció.

En la presente gestión, en mayo, el Gobierno de transición dispuso el DS 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados (GM), en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

En la presente semana, varios sectores del aparato productivo de Santa Cruz, al que también se sumaron empresarios, exportadores y economistas, rechazaron la acción popular aduciendo que atenta contra la seguridad alimentaria de la población, el futuro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del oriente boliviano y la generación de empleos, tan esenciales en este periodo de pandemia.

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